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El legislador desconfía de sí mismo: La reforma de la Seguridad Social

por Víctor Andrés García Dopico, abogado


Está en el punto de mira de nuevo el sistema de la Seguridad Social y la reforma de las pensiones. También se plantea la sostenibilidad del régimen de prestaciones que oferta la Seguridad Social o, lo que es lo mismo, si es viable tal como está confugurada su acción protectora. La ecuación nuevamente arroja resultados negativos

Si desciende el número de cotizantes, también lo hace la recaudación que se genera para la caja de la Seguridad Social (entendiendo como tal la del Servicio Público de Empleo Estatal, entidad gestora de la prestación por desempleo; la de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, como entidades gestoras de la recaudación; las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, como destinatarias de los fondos destinados a la cobertura de las contingencias profesionales; y el Fondo de Garantía Salarial, como entidad gestora de la cobertura de créditos de naturaleza salarial; etc.) desciende y el número de prestaciones a los que hay que hacer frente aumenta.

Por otro lado continúa latente el desequilibrio demográfico, signo visible de una población paulatinamente envejecida y que implica un mayor número de jubilaciones frente a las cotizaciones que se vayan generando. En este contexto fue promulgada la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización de la Seguridad Social, que apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 2 de dicho mes. A esta norma, que crea la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, se le suma la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se integra el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado del día 23), con lo que se aprecia un tímido intento por adecuar la Seguridad Social al siglo XX.

Pero, más allá de las reformas del sistema, que se aprecian necesarias, existen otras cuestiones que es conveniente abordar porque inciden de forma directa en la recaudación de la Seguridad Social y que la Ley no toca ni corrige, con lo que se pervierten determinados vicios o conductas.

DESCARGA AQUI LAS TABLAS COMPARATIVA DE LAS PRINCIPALES REFORMAS DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN PDF

Planteamiento básico de la reforma
La Ley 27/2011, de 1 de agosto (por ser la primordial, en adelante, “la Ley”), no parte a nuestro juicio de una posición resolutiva de los problemas de la Seguridad Social. Si bien en la Exposición de Motivos, después de una bendición al sistena y a su funcionamiento, reconoce que existe un envejecimiento de la población que justifica una profunda reforma. Sin embargo, ésta no se produce, sino que el legislador la dota de una apariencia de provisionalidad. Da la impresión de que el legislador no se fía de su propia obra, pues incrementa enormemente la normativa transitoria y simplifica el contenido de la reforma, hasta el punto de que en esencia no resulta muy profunda. Ese carácter de provisionalidad se acredita con el análisis de las características que la disposición legal contiene, que en síntesis son las que a continuación se detallan.
En primer lugar, conviene destacar la escasa profundidad de las modificaciones, pues salvo la mejora de la pensión de orfandad (que se amplía hasta los 21 años del huérfano en vez de los 18 actuales), la posibilidad de que la Intervención General de la Seguridad Social pueda realizar mejor sus funciones con acceso a datos de Seguridad Social y la modificación del cálculo de bases en las incapacidades permanentes, amén de otros retoques (como la extensión a todos los regímenes de la Seguridad Social de la acción protectora, el aumento de dos a tres años el período que se tiene por cotizado en casos de maternidad, adopción o acogimiento, y alguno más), la ley utiliza la mayor parte de sus artículos para modificar la pensión de jubilación. Todo gira en torno a la nueva redacción del apartado primero del artículo 161 de la Ley General de la Seguridad Social, que pasa a fijar la edad de jubilación en 67 años, y únicamente permite jubilarse anticipadamente a los 65 a quienes acrediten 38 años y medio cotizados. Todas las disposiciones que rodean a este artículo no son sino normas transitorias como consecuencia de una decisión de hacer entrar de forma progresiva la nueva edad de jubilación y las esigencias de período cotizado. Del mismo modo, y después de muchos años con el sistema anual de cálculo de la cuantía de base reguladora que corresponda en función del tiempo cotizado, se substituye por uno mensual, consistente en que a partir del decimosexto año de cotización se incrementa de forma mensual. Resulta evidentemente más justo, pues en el antiguo las fracciones inferiores al año no ponderaban.

Otra de las características que observamos en la Ley es el oportunismo histórico del que adolece, pues si bien se mejora la pensión de orfandad, existen factores históricos que subyacen en su configuración de la Seguridad Social. Se tiene en cuenta la escasez de fondos y la crisis económica y con arreglo a ello se restringe el acceso a complementos (se remite a la norma tributaria y se genera incompatibilidad entre una pensión de viudedad y una prestación de orfandad ambas complementadas) y se crean reglas que hagan minorar sensiblemente la cuantía para percibir o el acceso a prestaciones (integración de lagunas de cotización o aumento del período de carencia para el cálculo a efectos de jubilación, substitución de referencias al salario mínimo interprofesional por el IPREM, que es inferior -en compatibilidad entre percepción de rendimientos y pensiones no contributivas-). Así mismo, la nueva regulación de la jubilación anticipada por causas económicas no hace sino facilitar los expedientes de regulación de empleo de carácter extintivo, pues las empresas utilizarán esta regla como medida social para aquellos trabajadores que reúnan los requisitos. También se tiene en cuenta la baja tasa de natalidad, por lo que se aumenta de dos a tres años el período que se tiene por cotizado por causa de cuidado de hijos, o la previsión del artículo 9 de la Ley relativa a períodos cotizados por hijo nacido, acogido o adoptado que hubiesen obligado a interrumpir la relación laboral, con vistas a estimular el tener hijos.

También se observa el interés por aumentar la población cotizante, pues a fin de cuentas estriba ahí uno de los puntos débiles de la Seguridad Social. Para ello el legislador echa un vistazo al mundo de la la investigación (donde son habituales los trabajos remunerados sin cotización) y dedica tres disposiciones adicionales a emitir mandatos al Gobierno para que regule un convenio especial para profesionales que, sin estar afiliados al sistema de la Seguridad Social, hayan estado trabajando en el extranjero en programas de investigación. También el Gobierno regulará una nueva modalidad de convenio especial para personas con discapacidad y dificultados de inserción social para la cobertura de las prestaciones por jubilación y por muerte y supervivencia, cuya inteligencia no se puede comprender en los casos en que el interesado no disponga de ingresos. A mayores, se le exhorta para que regule reglamentariamente los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social de los participantes en programas de formación financiados por organismos o entidades públicas o privadas que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven contraprestación económica siempre que, con ocasión de la realización de dichos programas, no estuviesen obligados a estar de alta en la Seguridad Social (por ejemplo, régimen general). Esta medida, junto con la de los investigadores antes notada, no resulta sino un acto de justicia con investigadores y becarios que, si bien se hallaban sujetos a la normativa tributaria, no disponían de acción protectora o de cobertura más allá de la exigua que ofrece el seguro escolar (en aquellos casos en los que esté concertado, como es el caso de doctorandos).

Como nota más curiosa de esta reforma, podemos resaltar el carácter de transición que dota a la nueva Ley el legislador, pues asume, ya de forma expresa, que va a haber una nueva reforma. Así, su Disposición Adicional 25ª faculta al Gobierno para que, en el plazo de dos años, elabore un nuevo Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que tan sólo 18 años después del anterior refunda la normativa en la materia (únicamente la propia LGSS, la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, antes aludida, y el Estatuto del Trabaador Autónomo, pues poca normativa más hay salvo bonificaciones contenidas en Reales Decretos-Leyes que se van derogando al finalizar su período de vigencia). Es conveniente, adicionalmente, destacar que la Ley obliga al Gobierno a la elaboración de múltples informes (ad exemplum, valoración económica -D.A. 4ª-, evaluación de la fórmula de integración según los artículos 3 y 4 Tres de la reforma -D.A. 8ª-, evolución de cotización de trabajadores autónomos -D.A. 20ª-, impacto del retraso de la edad de jubilación -D.A. 44ª-, etc.), de lo que se colige una inseguridad del legislador en el funcionamiento de su modificación de la LGSS. No se descarta que se puedan acordar posteriores modificaciones como resultado de los anteriores estudios, todo ello sin olvidar la previsión de que las cifras contenidas en la Ley podrán ser revisadas a partir de 2027 (esto es, cuando finalizan los extensos períodos transitorios recogidos en la norma).

Pero la Ley 27/2011, de 1 de agosto, analizada en su conjunto con la antedicha Ley 28/2011, de 22 de septiembre, configura una reforma que puede ser caracterizada como caótica y contradictoria en su filosofía, pues si bien el legislador pretende simplificar los regímenes especiales de la Seguridad Social (así lo afirma en la Exposición de Motivos de la Ley 28/2011, y así lo hace en la 27/2011 cuando asimila la acción protectora a todos los regímenes de la Seguridad Social), por otro lado insta al Gobierno en la D.A. 44ª de la Ley 27/2011 a regular las especialidades en Seguridad Social de los actores de doblaje. Además, no resulta completa la integración del Regimen Especial Agrario en el General, ya que simplemente lo integra pero como Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios dentro del Régimen General (una cosa similar a los artistas). En definitiva, no acomete una integración profunda y plena, sino un mero cambio de posición de los trabajadores agrarios dentro del esquema de encuadramientos.
La Ley 27/2011 ha fijado un período de vacancia bastante amplio: hasta el día 1 de enero de 2013, a excepción de la normativa relativa a las nuevas reglas de protección de datos de la Seguridad Social (art. 66 LGSS), la compatibilidad entre la pensión no contributiva y la percepción de otros ingresos (art. 145,2 LGSS), la nueva edad de pensión de orfandad (art. 175 LGSS) y la nueva regulación de la obligación de comparecer ante la Seguridad Social y aportar documentos y justificantes (D.A. 13ª bis,1), que ya han entrado en vigor al día siguiente de la publicación en el BOE. En cambio, la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, ya entra en vigor en fecha 1 de enero de 2012.
Como sinopsis final a este conglomerado normativo puede indicarse que no asume ni entra en la realidad social y, por ello, no da una respuesta adecuada, aunque quizás tengamos que admitir que no sólo a estas normas les corresponde dar la respuesta. Lo que la Ley 27/ 2011 reconoce entre líneas en la Exposición de Motivos, pero no regula, es el problema derivado de las entalladuras de cotización producidas por el trabajador en las distintas épocas de desempleo por razones económicas (la crisis de 1993 y la de 2008), que evidentemente suponen dos baches en la carrera de cotización. A esto hay que sumar la cada vez más tardía incorporación al mercado laboral (universitarios que empiezan a trabajar a los 30 años por las dificultades del mercado), que provocan no sólo una merma en los ingresos de la caja, sino una posible falta de tiempo cotizado (carencia genérica) y, por ello, pensiones más bajas. Ahí es donde entendemos que existe el recorte, y no en la modificación estricta de la Ley, que va a fijar unos períodos de cotización exigibles que para muchos no podrán ser cumplidos. Por ello detrás de la reforma subyace un grave problema social al que tarde o temprano habrá que dar respuesta y sólo funcionarán las medidas ahora aprobadas en aquellos casos de trabajadores que puedan disponer voluntariamente de hasta cuándo prolongan su vida profesional y de cotización (autónomos o titulares de convenios especiales, o afortunados que trabajen en empresas que permitan prolongar la vida laboral).

Tampoco repara la Ley en la sensatez exigida para ponderar los posibles efectos de algunas medidas, como es el caso de la extensión al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de las coberturas por contingencias profesionales con carácter obligatorio. Resultaba más conveniente dejarlo como hasta ahora, pues si bien existen actividades en las que existe un claro deslinde entre las contingencias comunes y las profesionales (un tendero, un transportista o un dueño de un establecimiento de hostelería), existen otras en los que es muy difícil determinar si el evento tuvo lugar como consecuencia del ejercicio de la actividad profesional o de la vida diaria (un informático que trabaja en casa, un abogado, un traductor, etc.). Esto va a generar problemas en las determinaciones de contingencia. Otro ejemplo de falta de sensatez es la creación, como intento modernizador, de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social (D.A. 7ª), lo cual supondrá un mayor gasto por constituir un organismo nuevo que, aunque asuma las instalaciones y el personal ya existente, implicará un nuevo organigrama y costes de rotulación y cambio de membretes que resulta incompatible con el recorte en prestaciones: no se pueden reducir gastos por un lado para generarlos por otro.

Mejoras que se sugieren para el sistema de Seguridad Social: cotizaciones
El esquema está bien claro: hay que recaudar más y hay que gastar menos. En un sistema de Seguridad Social de tipo cotizado, a diferencia del universal, esto implica necesariamente aumentar las cuotas de cotización y disminuir las prestaciones que se ofrecen.
Este equilibrio, desde luego, puede ser alcanzado perfectamente con unas ideas que impliquen, en todo caso, no lesionar una ley, la de la oferta y la demanda, a cuyo ámbito tampoco escapa la Seguridad Social. Esto es, si baja la cotización patronal, los empresarios podrían contratar más trabajadores porque el coste social disminuye. Eso sí, hay que hacerlo con el suficiente cuidado para que el aumento en las afiliaciones sea equivalente a la disminución en las cuotas de cotización para evitar, con esta medida, una descapitalización de la caja.
Entendemos que una medida que no implique ese riesgo es la de bonificar a las empresas y empresarios que hacen bien las cosas. Del mismo modo que el seguro del automóvil aplica un bonus o bonificación en la prima del seguro por buen comportamiento en la carretera y por estar varios años sin pasar partes de accidentes (esto es, sin generarle gastos a la aseguradora), lo mismo se podría aplicar con la cuota patronal para la cobertura de contingencias profesionales cuando en la empresa no se generen accidentes de trabajo ni enfermedades profesionales graves o muy graves, o tampoco se produzcan fallecimientos. Esta medida impulsaría la prevención de los riesgos laborales, de un lado, y la corresponsabilidad de los infractores en el sostenimiento del sistema, de otro. El premio o la penalización supondrían, a largo plazo, un aumento de los recursos al haber disminuido este tipo de costes en las arcas de la Seguridad Social, e incluso se llegaría al resultado de que, en algunas bajas, el empresario correría directamente con el importe de lo que el trabajador debiera percibir durante la misma para no perder las hipotéticas bonificaciones. Una revisión del último párrafo del artículo 108.1 de la Ley General de la Seguridad Social, con las correlativas adaptaciones reglamentarias, permitiría alcanzar normativamente este fin. Eso sí, para eludir la picaresca, habría que articular medidas como que las asistencias sanitarias y los accidentes in itinere y en misión no ponderasen. Así, un trabajador con una corta baja sería asistido sanitariamente, pero los tres, cinco o siete días que dure su baja serían afrontados directamente por el empresario si éste no quiere perder su bonus, quitando del sistema pequeñas bajas que, acumuladas todas ellas, suponen un esfuerzo económico.

También se puede reducir ligeramente la cotización social mediante la aplicación de bonificaciones a aquellos empresarios que, a lo largo de un período, aumenten el cuadro de personal de la empresa. Si bien a lo largo de los últimos años ha sido generosa la tabla de bonificaciones, todas ellas han incurrido en el mismo error: sacar del desempleo a determinados colectivos y bonificar transformaciones de contratos de trabajo, lo cual no va a ser criticado. Pero se ha descuidado, a nuestro juicio, una faceta importante que, bien regulada, supondría el cumplimiento de las dos anteriores finalidades: se trata de la generación de puestos de trabajo, que es lo que realmente hace que se cumplan todos los anteriores objetivos. Si un empresario, por contratar personal de forma que aumente sus puestos de trabajo, obtiene beneficios sociales, estará animado a cubrir hipotéticas vacantes y ampliar su plantilla. Precisamente en este sentido no sólo habrá de ser reformada la normativa en materia de Seguridad Social, sino también la tributaria, pues resulta llamativo que a un profesional en estimación objetiva (módulos) se le castigue fiscalmente por haber contratado a más trabajadores a lo largo del ejercicio fiscal en curso, presumiendo mayor riqueza. Si existe dicha mayor disponibilidad de renta, consideramos que es más beneficioso para la sociedad que la exteriorice contratando empleados y no reteniéndola, sin gastarla. Idénticas situaciones ocurren en el Impuesto de Sociedades, que debiera permitir la desgravación de determinados costes sociales de forma adicional a lo que hoy existe, y una reducción en la base imponible si la sociedad ha incrementado su número de trabajadores y si ha practicado transformaciones de contrataciones temporales en indefinidas.

Una última propuesta acerca de las cotizaciones a la Seguridad Social, y que haría emerger la economía sumergida que existe, es la de aplicar, pero en sentido contrario al antes indicado, la ley de la oferta y la demanda, creando un sistema de cotizaciones atractivo para aquellos sectores que resulten más sensibles al fraude. En ese sentido, aquella persona que, o bien porque se halle iniciando su actividad profesional, o bien se halle prestando servicios por cuenta ajena y de carácter complementario desempeñe una actividad profesional por cuenta propia sin que le suponga una dedicación considerable, debiera disponer de la posibilidad de cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a tiempo parcial, con la consiguiente minoración de su base y su cuota. Así, se posibilitaría que alguna economía sumergida emergiese, aunque fuese de forma parcial, para que exista un ingreso de cuotas a la Seguridad Social que, de otra forma, seguiría sin practicarse. En ese sentido se aprecia positiva la medida de la Disposición Adicional 15ª de la Ley 27/2011, que exhorta al Gobierno a fijar una base mínima en el Régimen Especial de Autónomos para vendedores ambulantes. Por otro lado, para trabajos de muy escasa o insignificante parcialidad (por ejemplo, ocho horas a la semana que se prestan en fines de semana o en días festivos) podría ser reducida la cuota de cotización en contingencias profesionales, toda vez que el riesgo de que éstas ocurran frente a un contrato a tiempo completo es inferior al porcentaje de reducción que corresponda de la minoración del coeficiente de tiempo parcial, y por esta regla estadística se podría aplicar una cuota más atractiva para el empresario. También se podrían aplicar reducciones para autónomos que tengan a pocos trabajadores contratados, siempre que de la documentación fiscal se colija un bajo ingreso económico fruto de su actividad. Con esto se facilitaría que actividades poco rentables mantengan sus puestos de trabajo y eludir la consabida expresión de que “gana más el empleado que yo” o que “entre sueldo y Seguridad Social se van todos los beneficios”, las cuales no resultan alentadoras para continuar adelante con la actividad y provocan su cierre.

En estas circunstancias podrían establecerse cotizaciones reducidas para garantizar la superviviencia del negocio. Se propone únicamente con autónomos que acrediten bajos ingresos para evitar fraudes (que se acojan quienes realmente sí pueden afrontar las cotizaciones) y que no sean empresas, pues éstas, a diferencia de aquéllos, responden únicamente con su patrimonio de las deudas y no con el patrimonio personal de quien gerente el negocio, como sí sucede con el trabajador por cuenta propia.

Mejoras que se sugieren para el sistema de la Seguridad Social: prestaciones
En el ámbito de las prestaciones que ofrece la Seguridad Social, es evidente que su minoración o ajuste se torna necesaria para reducir los gastos que afronta la caja. Sin embargo, estas medidas han de ser adoptadas sin el recorte de derechos, lo cual resulta posible si se hace bien.
Es desde luego intención del legislador practicar recortes en las prestaciones, y evidentemente parece la receta fácil y lo que instintivamente se realiza. Pero de un análisis detenido de cada prestación de Seguridad Social se desprenden algunos desajustes que conviene rectificar, sin suprimir ni eliminar ninguna.

Enpezando por la de jubilación, el legislador incurre continuamente en el error de ampliar su período de cotización para poder alcanzarla o en aplazar la edad a partir de la cual se puede percibir: de hecho, ahora aumenta la genérica de 65 a 67 años, aunque permita a las largas carreras de cotizacion jubilarse a los 65 años. Sin embargo, no repara en otras cuestiones o factores que se pueden tener en cuenta para mejorarla.

Así, en cuanto al período de ponderación para el cálculo de la base, no debe aplicarse de forma rigurosa el plazo de quince años (como antes) o de veinticinco (como ahora queda establecido), o cualquier otro fijado, pues es de sobras conocido que la última fase de la vida laboral de una persona, en ocasiones, es la más productiva en cuanto a bases de cotización (las empresas pagan antigüedad, todos comenzamos nuestra carrera profesional con salarios bajos, etc.). Lo que debiera hacerse es tomar un período (puede ser incluso más reducido que ahora, por ejemplo, de diez años) que aporte la cifra básica de la base de cotización, y que ésta sea moldeable o variable teniendo en cuenta otro período más amplio, como puede ser el de otros diez o quince años, que si bien no pondere como media estricta, sí la modifique o altere ligeramente, bien al alza, bien a la baja. Así se evita la práctica, muy extendida sobre todo en el colectivo de autónomos, de cotizar por la base mínima hasta justamente el año en el que comienza la ponderación para el cálculo de la pensión. Eso sí, nos parece cruel que pondere la totalidad de la vida laboral porque, como ya hemos indicado, prácticamente todo el mundo inicia su carrera profesional con bases reguladoras bajas.

En lo relativo a la edad de jubilación, esta no puede ser aumentada indefectiblemente, sin reparar en que no supone la misma penosidad un trabajo que otro. Debiera, en consecuencia, establecerse un criterio o baremo con una edad específica de jubilación para cada oficio o profesión, pues si bien existen algunas en las que se puede alcanzar la edad de 70 años sin ninguna perturbación, existen otras en las que con 60 ó 62 años ya concurren circunstancias de salud para justificar la jubilación. Sobre las edades marcadas o fijadas en esos baremos se aplicarían bonificaciones fiscales o mejoras en la base de cotización si se prolongare la vida laboral. En este sentido es un paso adelante la medida adoptada por la Disposición Adicional 23ª, que obliga al Gobierno a fijar coeficientes reductores en determinadas profesiones: tememos que la medida pueda resultar exigua.

En cuanto a la prestación de invalidez permanente, el espíritu que ordena la total, al albur de lo establecido en los artículos 136 y 137 de la Ley General de la Seguridad Social, tiene por finalidad garantizar una pensión al beneficiario que, como consecuencia de una invalidez, no puede desarrollar su actividad laboral habitual, pero sí puede desempeñar otras. Sujeto y condicionado a la famosa compatibilidad, el trabajador puede desarrollar otros trabajos cuya remuneración se superpone al importe que percibe de la pensión de invalidez permanente en grado total. Entendemos que existe un contrasentido entre la intención del legislador a la hora de otorgar estas invalideces y la acumulación de retribuciones. Una posición más lógica sería la pérdida de la invalidez total cuando se encuentre un trabajo nuevo, y que sea aquélla recuperada cuando se cese en éste. Esta solución concordaría con la finalidad protectora que se le encomienda a la prestación, en vez de ser utilizada como fuente de ingresos independientemente de si se trabaja o no. No se trata de una innovación ni una nueva aportación al sistema, pues un mecanismo similar ya funciona en las pensiones no contributivas para discapacitados; la prestación se pierde si el discapacitado empieza a trabajar o se minora si el rendimiento del trabajo resulta inferior a la prestación, con lo que percibe la diferencia.

Medidas de carácter administrativo que se sugieren
A mayores de las reformas en las distintas prestaciones o en las cotizaciones, tambien existen medidas de carácter administrativo que serían interesantes para que se produzca una substancial mejora en la gestión de la Seguridad Social. Así, podemos fijarnos en la administración tributaria y tomar algunos ejemplos de ella para, en cierto modo, “tributarizar” la Seguridad Social.

En primer lugar, sorprende que la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, a excepción de las suspensiones de prestación por desempleo que están encomendadas a los Servicios Públicos de Empleo, y la sanción consistente en pérdida de pensión de jubilación durante unos meses cuando el trabajador la compatibiliza con actividad laboral que lleva a cabo el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social no tiene capacidad ninguna para imponer sanciones cuando, por ejemplo, detecte altas y bajas extemporáneas o irregularidades en la cotización. Está siempre a expensas de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo cuando, de forma adecuada, podría disponer de una cierta potestad sancionadora en algunas irregularidades detectadas. Esto permitiría aumentar la persecución de las infracciones y optimizar la Inspección de Trabajo, al igual que se optimizan las inspecciones de tributos.

Así mismo, de la misma forma que la Ley General Tributaria regula procedimientos de comprobación de valores o comprobación limitada, la Seguridad Social podría realizar actuaciones similares para verificar la correcta cotización de las empresas, como puede ser el cumplimiento de las condiciones para la aplicación de bonificaciones o descuentos, la cotización de los atrasos de convenio o la concordancia de las fechas de alta efectivas y las de los contratos de trabajo. Por ende no sería necesario que las liquidaciones de cuotas pasasen siempre por las manos de un inspector de trabajo, ya que pueden ser practicadas por las Unidades de Cotización de la Tesorería o por las de Actuaciones de Oficio. Resulta llamativa la hiperdependencia de la Administración de la Seguridad Social de la Inspección de Trabajo, pues ante cualquier anomalía la están avisando (como ocurre, por ejemplo, ante una cuestión tan simple y humana como es el caso de un autónomo que insta el alta en censos de la Agencia Tributaria a fines de septiembre con fecha de efectos 1º de octubre y, posteriormente, solicitó el alta en Autónomos antes de acabar el mes de septiembre cuando debiera haber aguardado a octubre).

Por último, y en su ámbito de actuaciones, podría el Instituto Social de la Marina realizar requerimientos de libros de roles o de despachos para verificar que todos los trabajadores que constan están asegurados o consultar los diarios de navegación para verificar incidencias y jornadas. Esta documentación de carácter marítimo se hallaría a disposición del instituto que fiscaliza todo lo que acontezca a bordo de un buque o barco en el orden social para su mayor eficiencia y control.
Conclusión: Un panorama difícil, pero superable.

Sentadas todas estas claves, cabe colegir que el sistema no se halla en peligro, tal y como se pretende indicar, sino que simplemente adolece de la misma situación y coyuntura económica adversa que el resto de las instituciones de la sociedad, sin ningún distingo, pues es recomendable no olvidar que la Seguridad Social también interactúa como agente en el esquema macroeconómico. La Ley que fija su reforma no apuntala ni ayuda a que todo esto se sostenga, pues como ya hemos notado, aborda unas reformas que, si bien en algún caso pueden ser consideradas positivas (la mejora de la orfandad, las bonificaciones por prolongar la vida laboral o la extensión a todos los regímenes las mismas coberturas), no tocan el verdadero quid del problema. Sin ánimo de ocultar que existen algunos retoques como los arriba propuestos que sería interesante afrontar para mejorar las prestaciones que ofrece el sistema y hacer un poco más llevadero el cumplimiento de la carga de cotizar, haciendo además ajustes en esas cotizaciones para que quienes puedan coticen más y quienes no reduzcan ligeramente sus cuotas, hemos de admitir que buena parte del problema se resolverá cuando la situación mejore.

A todo ello hemos de añadir que el propio legislador no guarda el suficiente celo en su reforma, pues como ya hemos indicado, existe la previsión de realizar un texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y los múltiples controles y evaluaciones periódicas, así como la previsión de revisión a partir de 2027 de las cifras que componen la regulación social, nos invitan a pensar en que, quizás influenciado por la situación de crisis económica que se da en la actualidad, o quizás imbuido en un clima de adopción de medidas urgentes para corregir un desfase de tesorería que se genera hoy en día, el legislador no está muy convencido con el resultado de su trabajo.

En todo caso, si es necesario aumentar el número de cotizantes (que lo es, evidentemente, ante el envejecimiento de la población), habrá que echar mano de políticas de empleo que resulten acertadas y no erráticas, así como fomentar el empleo autónomo de una forma atractiva para que sectores de población desempleados se animen a montar su negocio y unirse a la comunidad cotizante. Contra lo que el legislador cree, reformar la Seguridad Social no va a resolver el problema, aunque si se hace bien podría ayudar un poco.

Principales novedades de la Seguridad Social
— La edad de jubilación se aumenta a 67 años.
— Se podrán prejubilar con 65 años aquéllos que lleven 38 años y medio cotizados.
— Se elimina el Régimen Especial Agrario y se crea el Régimen Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios dentro del Régimen General.
— Se extiende a todos los regímenes de la Seguridad Social la acción protectora de todas las prestaciones.
— Pensión de orfandad: ahora hasta los 21 años.
— Se armoniza el sistema de cálculo de bases en jubilación y incapacidad permanente.
— Se crea la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social.
— En dos años habrá nuevo Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
— El cálculo de la pensión de jubilación se hará por meses y no por años a partir del 16ª año cotizado.

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