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Huelga y Servicios Mínimos

por José Luis Saludas, Graduado Social y Licenciado en Ciencias del Trabajo

Estos dos conceptos, que debemos de tratarlos como un binomio inseparable, se está, por parte de bastantes colectivos, intentando a todo trance el retirarles el nexo de unión, entendiendo que se trata de dos cuestiones completamente aisladas.
Pero si la situación que en un momento determinado pueda plantearse al amparo de la Ley, si esta situación refleja una falta de contenido esencial, es automático la perdida del derecho.

Es bastante probable que los motivos que se puedan argumentar no solo y exclusivamente deban de referirse a temas puramente laborales, aunque este sea la base de sustentación del derecho fundamental del concepto de huelga y tiende a desvirtuarse cuando por otro tipo de motivos y razones se enmascaran otros intereses, que pueden ser muy dignos de reivindicar, pero que actualmente en nuestro Derecho existen deferentes canalizaciones para encauzar nuestras demandas y como se solía decirse en las aulas de Derecho Laboral: “a cada acción le corresponde un Derecho”, y en ciertas ocasiones, y dentro de esta línea de pensamiento podemos de decir que cuando esto no se cumple se ha llamado a la puerta equivocada.

La huelga es el derecho fundamental que consiste en el acto de voluntad del trabajador en dejar en suspenso su contrato de trabajo y de este modo limitar el poder el empresario (STC 11/1981 FJ. 9), pero al mismo tiempo se plantea otra necesidad, de carácter obligatorio para los trabajadores en huelga y que se trata de que el Derecho Fundamental de Huelga no es ilimitado. Precisamente por su conexión con otros Derechos Constituciones que también están protegidos.
La Huelga es una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y de servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso (STC 11/1981 FJ. 10) y sigue diciendo el ponente “que todo derecho tiene un “contenido esencial”, siendo el contenido esencial, aquella parte del contenido del derecho sin el cual este derecho pierde su peculiaridad”.

Así de esta forma empezamos a darnos cuenta que la situación que en un momento determinado pueda plantearse al amparo de la Ley, si esta situación refleja una falta de contenido esencial, es automático la perdida del derecho.
El pasado 24 de Enero, el Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid, dictó sentencia sobre la huelga realizada en el metro de Madrid los día 29 y 30 de Junio de 2010 y que creo debe de ser mucho mas estudiada que lo que pueda contener el presente artículo de la misma, sobre la base de las connotaciones legales que tendrán a partir de este momento la unión del Derecho de Huelga con los obligados Servicios Mínimos.

El planteamiento básico es que durante estos días antes señalados, y en acuerdo alcanzado en asamblea, los trabajadores del Metro de Madrid decidieron no realizar los Servicios Mínimos establecidos por entender que estos eran abusivos.
En primer lugar, según el art. 28.2 CE sobre el derecho de huelga, dice: «la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».
La expresión “servicio esencial” es un elemento central en la determinación de los límites al ejercicio del derecho de huelga, tal y como se ha puesto de manifiesto y así viene expresamente establecido en el art. 28.2 de la CE trascrito. (SJS16, FD cuarto 16/2011).

Aquí nos aparece el nexo de unión señalado en los primeros párrafos, referido al binomio Huelga – Servicios Mínimos, ya que la jurisprudencia nos ha ido diciendo en los años de democracia que el derecho a la huelga ha sido reconocido para la reivindicación de las condiciones de trabajo y que sin este derecho no hubiera habido avances en las “conquistas sociales”, pero no puede entorpecer el resto de los procesos productivos en marcha.

El Tribunal Constitucional, en sentencia 53/1986 de 5 de mayo, define los servicios esenciales en los términos siguientes «utilizando como nota definitoria de los servicios esenciales la naturaleza constitucional de los intereses a los que aquellos sirven, no hay reparo alguno en calificar el Metro de Madrid como un servicio esencial, pues, entre otros, satisface la libre comunicación y circulación y el acceso al trabajo, a los lugares de residencia o a los centros en los que los ciudadanos obtienen la prestación de derechos fundamentales».

En la sentencia del Tribunal Constitucional 26/1981 de 17 de junio, por su parte señala que «los servicios esenciales no quedan lesionados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga. Es decir, ha de valorarse y ponderarse la repercusión de la huelga en todos sus aspectos». Y el Juzgado de lo Social 16 de Madrid creo entender que ha entendido que la valoración no se ha realizado todo lo correctamente que hubiera sido necesario.

Pero el ponente, para quedarse todavía más tranquilo en sus argumentaciones, se aventura y define el “Servicio Mínimo” «como el nivel de actividad que debe mantenerse en el ejercicio legítimo del derecho de huelga para hacer posible la satisfacción de los derechos fundamentales, libertades públicas, y bienes constitucionalmente protegidos, cuya satisfacción procuran los servicios en huelga».

Siendo por lo tanto el caso, que no se cumplieron los Servicios Mínimos, que los trabajadores por posibles situaciones de presión y máxime cuando en votación asamblearia se decidió que durante esos días no asistiera nadie al trabajo, produciéndose una ilegalidad aplastante contra la ciudadanía al amparo de un mal entendido Derecho Fundamental de la Huelga, por lo que la sentencia del Juzgado de lo Social nº 16 de los de Madrid, declara la huelga ilegal.

No voy a caer en la trampa de entender que se precisa de una nueva “Ley de Huelga” aunque sea cierto, pero planteando una simple idea de realidad, tenemos una regulación de este derecho y tenemos la suficiente jurisprudencia al respecto para darnos cuenta que “nuestros derechos” no pueden envolverse en un papel de apasionamiento que produzca una visión borrosa de nuestros ojos frente a la realidad.

La sentencia fue recurrida por la parte social, dando lugar a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia 250, con número de recurso 944/2010 de fecha 12 de abril de 2011.

En ella, después de haber analizado todas las argumentaciones de la parte dicta sentencia a favor de la parte social sobre la desproporcionalidad de los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Transporte: Fundamento 2º C
“En la resolución impugnada se cae con toda claridad en este defecto, pues se observa detenidamente el anexo a la misma, podemos ver cosas tan curiosas como el nombramiento del 75% del personal normal de la categoría de Jefe de Depósito, o el 60% en agente de estaciones (jefe e vestíbulo, agente de taquillas), jefes de sectores, jefe de línea, como servicios mínimos, cuando estos agentes tienen como función fundamental el cobro del servicio y el control del mismo, a través del control de los diferentes tipos de bonos y billetajes, el control del acceso al mismo por los usuarios, así como el funcionamiento normal de las máquinas de billetes y canceladoras, servicio este que no puede en modo alguno ser considerado esencial sino para la cuenta de resultados de la empresa, lo que no es un bien constitucionalmente protegible. El nombramiento de servicios mínimos en la División de Contratación y Adquisición; el nombramiento de conserjes, telefonistas y porteros, la sección de escaleras mecánicas y máquinas billeteras, etc.“

Dando el ponente su explicación en el fundamento Quinto B, a
“La esencialidad del servicio sólo será en aquellos casos en que la satisfacción de los intereses afectados exija el mantenimiento del servicio, en la medida y con la intensidad en que efectivamente lo exija, puesto que los servicios esenciales no son dañados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga, siendo necesario examinar en cada caso las circunstancias concurrentes en la misma (sentencias de 20 de febrero de 1998y28 de octubre de 2003)…”
“…no se ha observado el principio de proporcionalidad y de la menor restricción posible en los sacrificios impuestos al Derecho de Huelga, incluyéndose los servicios de mantenimiento en la fijación de Servicios considerando que incluso podría determinar una presunta prevaricación por olvidar lo establecido en anteriores resoluciones judiciales respecto a similares huelgas.( Fundamento Quinto B, a)“. Es claro que ha existido una vulneración del derecho de huelga sobre la base de los preceptos jurisprudenciales que ha dado la razón a la parte social.

En este caso es claro el tener que manifestar que los órganos del Metro de Madrid no actuaron en consecuencia con lo establecido en la defesa del derecho de huelga en un tema tan claro con la existencia de una proporcionalidad que equilibrara la balanza entre el servicio mínimo y el derecho de huelga.

Cerrando este artículo, ha surgido la huelga de profesores al comienzo de curso en varias provincias y comunidades españolas, siempre en defensa de sus intereses, y aunque pueda ser un tema para poder realizar otro artículo, solo decir que se trata de un planteamiento de huelga sobre una situación que ha sido valorada por la parte social como negativa. Esta situación consistente en un cambio organizacional del tiempo de trabajo de los profesores, que es perceptivo solo y exclusivamente por parte de la empresa, y que sus consecuencias sí serán posible objeto de motivación de huelga, como puede ser la pérdida de puestos de trabajo de los interinos, extremo todavía no confirmado. De aquí la necesidad que se debería de obligar a “motivar” la puesta en suspensión del contrato de trabajo, es decir, la huelga, sobre unos determinados hechos no presumibles y sí demostrados, sobre la base de no ejercer la defensa de un derecho cuando este no está bajo ningún concepto violado y que por el contrario, se pueda atisbar la utilización de los trabajadores por parte de algunos grupos que persiguen otros fines muy diferentes a los que persiguen los trabajadores.

Para concluir, existe suficiente información para poder determinar qué tipos de acciones se pueden desarrollar dentro del terreno de la legalidad y no por el contrario desarrollar acciones de dudosa realidad y finalidad, promoviendo alteraciones a través de la utilización del colectivo de trabajadores, mal asesorados, siendo precisamente los asesores los que utilizando a aquellos, quieren alcanzar unos objetivos, que como en este caso, son totalmente diferentes a los que querían obtenerse con el Derecho Fundamental, bien ganado por los trabajadores, del Derecho de Huelga. Muchas gracias a todos.

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