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Pasado, Presente y Futuro

por María Antonia Cruz Izquierdo, Presidenta del Colegio de Madrid

Es sin duda la industrialización la que cambiando la estructura socioeconómica despierta en España a principios del siglo XX la idea de progreso, y lleva a una renovación de normas que en lo atinente a lo laboral progresarán de un mero higienismo a la verdadera consecución de derechos.

Nace este fenómeno a finales del siglo XIX cuando el nuevo proletariado industrial comienza a reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo que, aunque no se traducirían en verdaderos derechos hasta décadas después, vienen progresivamente a dar el pulso de una nueva fuerza social, que obligará a ir tomando medidas que humanicen estas condiciones. De aquí el término “social” para todas estas medidas.



En 1908 y 1909, coincidiendo con un período de revueltas sociales, se acelera el proceso normativo con la Ley de Huelgas, Ley de Tribunales Industriales, creación por Real Decreto de la Inspección de Trabajo, y creación por ley del Instituto Nacional de Previsión. Finalmente en 1920 se crea el Ministerio de Trabajo.
A consecuencia de todo este proceso, por Real Decreto de 1925 se constituye en Escuela Social la Sección de Cultura y Acción Social del Ministerio de Trabajo, dedicada al fomento de la cultura popular sobre materias económicas y sociales. Este fondo cultural y un tanto idealista sin duda desde el inicio empapará de unos principios a la profesión de Graduado Social que, acompañando a su asesoramiento profesional, y posterior representación, técnica y jurídica, se acuñará como una impronta en el lema de la Justicia Social.

Al año siguiente, 1926, España ingresa en la OIT. Y comienza también el proceso de creación por Real Orden de las Escuelas Sociales, mencionando las pioneras, Madrid (1925), Barcelona y Valencia (1929), y Granada, Oviedo, Salamanca y Zaragoza en los años 40.

La primera Escuela Social se instaló en 1925 en la Calle Amador de los Ríos de Madrid, y sus profesores apostaron por crear el perfil de un profesional nuevo e independiente que respondiera con precisión a las nuevas necesidades de una España en desarrollo.

En 1931 se crea la entonces llamada Sala VI, de Cuestiones Sociales, del Tribunal Supremo, y se hace efectivo en la posguerra el Tribunal Central de Trabajo, cuya jurisprudencia sigue sentando las bases doctrinales en nuestra materia.

Acabada la Guerra Civil se pretende reeditar innovando en las principales materias antes legisladas, con instrumentos como las Reglamentaciones de Trabajo y posteriores Ordenanzas Laborales, y la Ley de creación del seguro obligatorio de enfermedad, que da carta de naturaleza al sistema de la Seguridad Social.

Los orígenes
En 1940 se da carácter oficial a las Escuelas que expiden ya los títulos de Graduado Social, aprobándose su reglamento al año siguiente, y en 1945 se decretan normas para la celebración de juicios en que se reconoce al Graduado Social expresamente la representación de trabajadores.

Será ya en los cincuenta cuando se delimitan las competencias de la profesión y se crean los Colegios Oficiales estableciéndose por Decreto la colegiación obligatoria. Es al principio de esa década decisiva, en 1951, cuando D. Francisco Aguilar proclama en la II Asamblea Nacional de la entonces todavía Asociación de Graduados Sociales de España, que “La calidad del Graduado Social se muestra, de una parte, en su vocación, y de otra, en su preparación”.

Por otro lado, se asienta la otra gran seña de identidad, el compromiso con la Justicia Social y con el progreso, que se incorpora definitivamente a nuestra deontología como un ideal social de servicio. Es en esta década de los 50 cuando se fundan definitivamente tanto los Colegios territoriales como también se designa la Junta Central de los Colegios de Graduados Sociales (que dará paso en 1964 a la creación del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España).

He echado cuentas, y el dato manejado por algunos autores de medio millón de profesionales formados hasta 1956 no me parece exagerado: y fue fundamental este éxito participativo para que de toda la legislación sociolaboral, todavía deslavazada, se extrajeran variadas funciones que asignarnos y se nos concedieran otras nuevas a partir del Decreto del 22 de Diciembre de 1950 “en la gestión de los problemas de índole social, bien
realizada a favor de particulares interesados, bien al servicio de empresas y entidades. Y será ya con el Decreto del 13 de abril de 1945, cuando se reconozca a los Graduados Sociales representación ante las mismas en procedimientos judiciales iniciados de oficio como consecuencia de certificaciones con valor de demanda; facultad que reitera la primera Ley de Procedimiento Laboral de 1958.
En un periplo de apenas tres décadas la progresión de los primeros Graduados, su profesionalidad, tesón e independencia, nos habían llevado a instituirnos como Corporación de Derecho Público en pie de igualdad a las ya existentes.

El pasado reciente
Nuestro Colectivo fue elegido desde 1993 en las fases de pruebas para la implantación de sistemas telemáticos, sea más recientemente el punto PAIT para la creación de empresas, o la Firma Digital en su momento, como también lo fueron entre otros el Sistema Red o el Delta.

Llegados los 70, se instaura el RETA con inclusión obligatoria de los Ejercientes Libres, mientras que a los de Empresa se les aumenta la categoría a Técnicos de Grado Medio.

Otro hito de gran trascendencia fue la absorción por las Universidades de las Escuelas Sociales, impartiéndose por primera vez nuestros estudios en la Universidad de Vicálvaro, Ramón Carande, hoy Carlos III, y abriéndose entonces el largo camino que nos llevará al reconocimiento como diplomatura universitaria con tres años primero, en 1980, y ya recientemente, con el Grado de cuatro años, a la equiparación de carga lectiva y de prestigio con las demás carreras universitarias.
También en 1980, superados los pactos de la Moncloa en que Sindicatos y Graduados Sociales realizaron un estudio al respecto, se plantean dos cuestiones específicas: en primer lugar la posible desaparición de las Magistraturas de Trabajo, ante lo que de manera unánime nuestro Colectivo pone de manifiesto su total reconocimiento ante su labor. Y es también en 1980 cuando se culmina un texto fundamental para nuestra profesión, el Estatuto de los Trabajadores, cuyo proyecto inicial con D. Rafael Calvo Ortega como Ministro de Trabajo, persona muy próxima a los Graduados, bebe también de la experiencia que aporta nuestro Colectivo.

En 1982 recibimos el que sin duda es el mayor reconocimiento que a la Profesión en sí se ha otorgado: la Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo en su Categoría de Oro a los Colegios Oficiales de Graduados Sociales y a su Consejo General, un verdadero espaldarazo moral .

Pero no todo estaba logrado, y es a mediados de los 80, con la consecución, después de muchas reivindicaciones, de las primeras Salas para los Graduados Sociales en las Magistraturas de Trabajo, cuando realmente empezamos a sentirnos en igualdad de condiciones con el resto de operadores jurídicos.
Como mero apunte y ya en los 90 se ha creado el Cuerpo de Peritos Judiciales, y empezamos a intervenir como árbitros y mediadores en conflictos sociales; aspecto este que ha seguido con una clara proyección de futuro y que en el momento presente se pretende fomentar en la profesión más que nunca.

Conclusiones

Por fortuna, tenemos muchos años por venir para seguir recordando y reflexionando sobre nuestros orígenes y trayectoria, reforzando nuestra identidad y nuestro espíritu para afrontar nuestros retos de presente y de futuro. Como una vez dijo el Presidente de Honor de mi Colegio, D. Francisco Zamora, “la Profesión hay que reinventarla todos los días”; y ciertamente la mejor lección que podemos sacar de nuestra historia es que siempre aspiramos a lo que no teníamos y siempre nos propusimos ser lo que todavía no éramos; y al final siempre hemos conseguido casi todo lo que nos propusimos, aunque al principio nos lo inventáramos, a base de ilusión y esfuerzo.

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