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RDL 10/2011: Todas las claves

Extracto de la clase impartida por Jesús Mercader Uguina, Secretario General de la Universidad Carlos III y Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social


El RDL 10/2011 tiene como objetivo aumentar el empleo de los jóvenes sin formación, a través de un nuevo contrato para la formación y el aprendizaje que conjuga el trabajo con la obtención de una cualificación profesional, así como prorrogar hasta 2013 la asunción transitoria por parte del FOGASA del resarcimiento al empresario de una parte de la indemnización en determinados supuestos de extinción del contrato de trabajo.

Además, se establecen nuevos plazos para que los contratos temporales puedan convertirse en contratos de fomento de la contratación indefinida

Así, el RDL 10/2011 suspende temporalmente –durante dos años- la aplicación del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores y prorroga por seis meses más el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, contemplado en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, además de otras medidas de organización administrativa y mejora en la regulación de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.


El “nuevo” contrato para la formación y el aprendizaje nace con la cualificación como objetivo, siendo las principales novedades las siguientes:
– El objetivo del contrato es la cualificación profesional de los trabajadores en régimen de alternancia del trabajo remunerado con la actividad formativa
– Se amplía la edad para celebrar el contrato.
– Importantes novedades en la configuración de los aspectos formativos del contrato
– Desaparecen los límites cuantitativos: antes se podía limitar el numero de contratos para la formación a celebrar en las empresas conforme a una escala regulada legal o reglamentariamente. Ahora, una vez que ha expirado la duración del contrato, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa, lo que responde a la lógica de la finalidad del contrato que es la de la obtención de la cualificación profesional, sin que esta situación pueda extenderse indefinidamente.
– Desaparición de la presunción legal del carácter ordinario del contrato en caso de incumplimiento total de las obligaciones formativas
Asimismo, la Disposición Transitoria Primera del RDL 10/2011, establece que “los contratos para la formación concertados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se celebraron”, e incorpora una nueva Disposición Adicional 19 en el texto del ET que establece ahora que: “Para aquellos proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, así como otros proyectos de empleo-formación promovidos por las Comunidades Autónomas, que hayan sido aprobados o estén pendientes de aprobación en base a convocatorias efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 10/2011, de 26 de agosto, se podrá utilizar la modalidad del contrato para la formación de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la aprobación de los citados proyectos o convocatorias”.
Se dispone también que el trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato FAP directamente en un centro formativo reconocido por el sistema nacional de empleo. Tal decisión además de liberar al empresario de la carga de organizar la formación correspondiente al contrato fuera del puesto de trabajo, garantiza al trabajador que va a recibir formación impartida por centros reconocidos, que son los incluidos en la red a que se refiere la disposición final quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Además, la actividad laboral desempeñada por el trabajador ha de estar relacionada con las actividades formativas, superando la concepción tradicional del contrato para la formación en que la formación teórica a recibir por el trabajador iba dirigida al desempeño de un puesto de trabajo u oficio concreto: lo que se pretende es que el trabajador reciba una formación que le cualifique profesionalmente. En este sentido, se prevé que las actividades formativas deben comenzar en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la fecha de la celebración del contrato. Tal y como ya se preveía, se establece asimismo la obligatoriedad de certificar por las Administraciones Públicas la cualificación o competencia profesional adquirida a través de este contrato, de manera que el trabajador podrá solicitar de la Administración pública competente la expedición del correspondiente certificado de profesionalidad.

Distribución del tiempo de formación y de trabajo
Antes se fijaba un mínimo para el tiempo dedicado a la formación, que no podía ser inferior al 15%. Ahora, la formación se desarrollará en régimen de alternancia con el trabajo y el tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al 75 por ciento de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal, y los trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos

Retribución y condiciones laborales
La retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo, y en ningún caso podrá ser inferior al SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo (antes: se garantizaba, al menos durante el segundo año, el SMI al margen del tiempo dedicado a la formación).
Si la referencia salarial del convenio se efectúa en función del sistema de clasificación profesional aplicable en la empresa, que será lo más habitual, entonces el salario de los trabajadores contratados mediante el contrato FAP podrá establecerse tomando dicha referencia en proporción, claro está, al tiempo de trabajo efectivo. Ahora bien, lo que no resulta posible es excluir a los trabajadores FAP del convenio colectivo, fijando de manera unilateral y uniforme el salario de estos trabajadores de acuerdo con el SMI proporcional.
La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado comprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido el desempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial
Finalmente, hay que señalar que se incorpora por remisión la regla del apartado 1, párrafo f), del art. 11 ET para garantía de continuidad del contrato de trabajo, que impide concertar un nuevo periodo de prueba cuando, a la finalización del contrato formativo, el trabajador continuara prestando sus servicios en la empresa, además que el periodo transcurrido en dicho contrato formativo va ser computable a efectos de antigüedad.

La ampliación del contrato del fomento de la contratación indefinida
La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, al modificar la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, impulsó una práctica universalización del contrato de fomento de la contratación indefinida, ampliando, en primer lugar, los colectivos con los que se puede suscribir y, en segundo lugar, reduciendo los requisitos exigibles.
El art. 4 RDL 10/2011 ha procedido a ampliar los plazos para la transformación de contratos temporales en indefinidos, de manera tal que se permita que puedan ser transformados en contratos para el fomento de la contratación indefinida todos los contratos temporales que se suscriban con anterioridad a este RDL e incluso desde la aprobación de éste y hasta el 31 de diciembre de 2012:
a) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los formativos, celebrados con anterioridad al 28 de agosto de 2011, a quienes se les transforme dicho contrato en un contrato de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.
b) Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los formativos, celebrados a partir del 28 de agosto de 2011. Estos contratos podrán ser transformados en un contrato de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2012 siempre que la duración de los mismos no haya excedido de seis meses. Esta duración máxima no será de aplicación a los contratos formativos.

Suspensión temporal
de la regla del art. 15.5 ET:
¿y después…?

En línea con señalado en la anterior medida, es innegable que el débil crecimiento económico y las incertidumbres sobre la evolución de la economía se han traducido en una mayor inclinación empresarial por la contratación temporal. Por ello, a fin de evitar que esta regla de encadenamiento de contratos, pueda, en el momento actual, incentivar las decisiones empresariales de no renovar contratos temporales, generando con ello efectos no deseados por la misma, se considera conveniente su suspensión durante un período de dos años, a fin de favorecer el mantenimiento del empleo.
Así, entre el 31.8.2011 y el 31.8.2013:
- Determina que durante este periodo, aunque se cumplan las condiciones del 15.5 ET, los trabajadores no se convertirán en trabajadores indefinidos
- No supone la eliminación de la exigencia de causalidad en la contratación temporal
- No impide la aplicación de las reglas sobre contratación fraudulenta
- Reactivación de la regla sobre encadenamiento de contratos: ¿se computarán los contratos celebrados durante la vigencia de la suspensión?

Prórroga del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo
Se prorroga el Programa PREPARA, dirigido a personas que hayan agotado su prestación y subsidio por desempleo, desde el 16.8.2011 hasta el 15.2.2012:
Beneficiarios: personas inscritas en las Oficinas de Empleo como desempleadas por extinción de su relación laboral que, dentro del período comprendido entre el día 16.8.2011 y el día 15.2.2012, ambos inclusive, agoten la prestación por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo establecidos en la ley, o bien hayan agotado alguno de estos subsidios, incluidas sus prórrogas.
Excluidos:
• personas que hubieran percibido la prestación extraordinaria del programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI),
• personas que hubieran sido o pudieran ser beneficiarias del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo en los términos establecidos en el RDL 1/2011
• personas que hubieran agotado o pudieran tener derecho a la renta activa de inserción,
• personas que hubieran agotado la renta agraria o el subsidio por desempleo, ambos en favor de los trabajadores eventuales del RASS
Finalmente, la DA 1ª RDL 10/2011 regula el sistema de financiación de la ayuda de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, mediante la concesión de un suplemento de crédito.

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