La Representación Técnica

El Graduado Social ante la Jurisdicción Laboral

por José Joaquín Jiménez Sánchez, Presidente de la Sala de lo Social
de la Audiencia Nacional

El 15 de enero del pasado 2004 entraba en vigor la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo referente a los Graduados Sociales, es decir, la representación técnica, que ha hecho correr tanta tinta.

Sin ánimo de hacer balance, que aún sería prematuro, el Colegio de Madrid ha querido que
D. José Joaquín Jiménez Sánchez, Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional nos diese su opinión sobre cómo ve este tema ahora y en el futuro inmediato.

El magnífico talante conciliador de D. Joaquín Jiménez y la calidad humana que siempre ha transmitido marcan las líneas básicas de su ponencia, que aquí reproducimos, seguido de la intervención de D. Alberto Ezpondaburu en las Jornadas donde marca
la postura del Colegio de Madrid sobre este tema.

También en este número reproducimos el escrito enviado por D. José Blas Fernández Sánchez titulado "¿Por qué se le quitan competencias a la jurisdicción del Orden Social y los Graduados Sociales nos quedamos tan pasivos?"

Hoy en día está produciendo algún tipo de preocupación la situación profesional en que quedan los graduados sociales, después de la última modificación de la Ley Orgánica, especialmente en lo que se refiere a la situación procesal ­que pudiéramos entender que es la base legislativa­ de la profesión de graduado social en lo que es su actividad ante los Tribunales.

EL ARTICULO 433.3

La primera vez que se recogía este aspecto procesal de la profesión ­y que fue un auténtico éxito a celebrar­ fue en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 1 de julio de 1985, una escueta mención procesal concreta de los Graduados Sociales concretamente en el artículo 443.3.

Decía este precepto que en los procedimientos laborales y de seguridad social, la representación podrá ser ostentada por graduado social colegiado. En el 94 se produjo una nueva modificación, y se añadió a ese párrafo "graduado social y colegiado, al que serán de aplicación las obligaciones inherentes a su función, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico profesional, en el presente título, y especialmente en los artículos 187, 437.2, 442 de dicha ley orgánica".

Finalmente, nos hemos encontrado con que a esta Ley se le añade una palabra, más bien un adjetivo, la palabra técnica, al sustantivo representación. La cuestión está exactamente en qué es lo que sucede con este adjetivo técnica, calificando al sustantivo representación: esto ha producido problemas que no solamente son solucionables, si no que deben estar solucionados.

En cualquier caso, con independencia de posibles tesis intermedias, hay dos grandes tesis: una según la cual nada ha cambiado, y otra que dice que algo ha cambiado, sea a mejor o a peor.

UNO: NADA HA CAMBIADO

La primera tesis, la que dice que nada ha cambiado, se sustenta en siete argumentos básicos:

Primer argumento: el cambio de numeración del art. 440 antiguo, a 545 actual, no es mas que un producto del engrosamiento de la ley.

Segundo argumento: si tenemos preceptos en el 440 antiguo, ­el 545 actual­ la norma sigue estando en el número 3, y los números 1 y 2, pues no han cambiado, siguen teniendo la misma redacción.

Un tercer argumento: la norma que nos interesa sigue estando en el libro de la LOPJ dedicado al Ministerio Fiscal y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia, con lo cual nada habría cambiado.

Tampoco habría cambiado nada ­y éste es el cuarto argumento­ en el título en el cual la Ley Orgánica encarrila la cuestión de los Graduados Sociales y su situación procesal, que es precisamente en el capítulo dedicado a los abogados y a los procuradores. Aquí he de señalar que se ha perdido una oportunidad más de haber dicho "de los abogados, procuradores y de los graduados sociales". Hubiera sido un cambio legislativo bastante interesante, porque al fin y al cabo de las tres profesiones habla. Resulta un tanto absurdo que un título que recoge tres profesiones no mencione en su intitulación nada mas que a dos de ellas.

Hay un quinto argumento, que se refiere al uso de la toga, y la situación en estrados todos en la misma altura: este aspecto práctico y físico de cómo nos sentamos todos cuando vamos a celebrar un juicio tampoco ha cambiado

Un sexto argumento sería que la norma que nos interesa efectúa los cambios a las referencias numerales correspondientes, pues en vez del 437 y 442, ahora son el 542 y el 546. Estos cambios la verdad es que no son verdaderos cambios, en el sentido en el que el deber de secreto profesional, y el derecho a guardar el secreto profesional en los graduados sociales persiste, y persiste en la misma cantidad, calidad e identidad con que ya existía. Por otra parte, sigue pudiéndose exigir responsabilidad civil, penal y de carácter disciplinario. De hecho, nada ha cambiado en este aspecto.

El último argumento sería que la norma añade sólo el adjetivo técnica al sustantivo representación. Pero esto no es un cambio, porque la representación que los Graduados Sociales, en los procedimientos laborales y de Seguridad Social, ostentaban al amparo del viejo artículo 440.3 de las viejas redacciones de la Ley Orgánica del 85 y del 96, ya era técnica: los Graduados Sociales actuaban no en calidad de representantes legos, sino en su calidad de profesionales, es decir, de técnicos en Derecho.

DOS: ALGO HA CAMBIADO

Esta tesis se subdivide en dos: algo ha cambiado a mejor, o a peor. Empecemos con la peor, aunque sólo sea para quitarla de enmedio.

Al calificar la representación de técnica, eliminando además la expresión asistencia, como querían expresamente en su informe de 22 de abril de 2003 el Consejo General del Poder Judicial y como querían dos o tres grupos parlamentarios en el Senado, que deseaban, aunque no lo supieron expresar bien, que los graduados quedaran en paridad con los procuradores, cuyo Estatuto General, que es del 2002, en su artículo 1 define a los procuradores como pertenecientes a una profesión libre, independiente, colegiada, que tiene como principal mención la representación técnica, de quienes sean parte en cualquier clase de procedimiento. En este argumento, se vendría a decir que el cambio ha sido a peor, ya que el graduado social, de ser representante, ha pasado a ser un representante técnico y hay un Decreto del 2002, que regula el Estatuto jurídico de una profesión, la de procurador de los Tribunales de España, y que los califica como representantes técnicos. En ese sentido se ha producido una nivelación no con la abogacía, sino con los procuradores. Podría haber un sentimiento de rebaja... incluso una práctica de rebaja en las actividades procesales del colectivo de graduados sociales.

Una segunda razón que abona la hipótesis de que algo ha cambiado a peor es que quedan descolgados los graduados sociales respecto de los abogados: el Estatuto general de los abogados que de 2001, en su articulo 1.1, define a la abogacía como una profesión libre, independiente que presta un servicio a la sociedad y que se ejerce por medio del consejo y la defensa de derechos e intereses, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídica, desde luego, con la expresión representación técnica, más parecería que el graduado social quedaría exclusivamente equiparado al procurador y no al abogado.

Aún habría una tercera razón para esta tesis: a este paso los graduados sociales, por mucho que tengan representación técnica, van a tener que refugiarse ­como antes de la LOPJ del 1 de julio de 1985 y antes de la Ley de procedimiento laboral la del 27 de abril de 1990­ en la representación lega, no en la representación de la persona que es profesional del derecho; al fin y al cabo la representación lega, tal y como la considera el procedimiento laboral desde siempre, es muchísimo mas amplia y jurídicamente quizás mas segura para ejercer la profesión. No habría mas que leer los artículos 18.1 y 85.1 de la actual Ley del 95, y así podrían los graduados sociales trabajar la actividad de representación y de defensa en una situación procesal mucho mas cómoda, sin que nadie les pudiera decir: "no argumentes en Derecho".

Indudablemente algo ha cambiado, porque la redacción es distinta, y cuando las redacciones son distintas en las leyes es que algo, por muy pequeñito que sea, ha tenido que cambiar. Pero estoy completamente convencido que ese cambio es a mejor.

UN CAMBIO A MEJOR

Hay cuatro o cinco razones por las cuales creo que el cambio ha sido a mejor. La propia inercia histórica es la primera de ellas. Legislativamente, el trato que ha recibido la profesión de Graduado Social no ha sido precisamente muy positivo.

Sin embargo, en la práctica, tanto el Ministerio de Trabajo como la jurisdicción social, no es que protegiera y amparara a los graduados sociales ­porque ellos solos lo hacen­, pero sí tuvieron un trato francamente positivo, tanto de la jurisdicción social, como del Ministerio de Trabajo. La Ley Concursal de 9 de julio del 2003, en el artículo 184.6, supuso un paso adelante enorme para los graduados sociales, a quienes señala como posibles representantes y defensores, reconociendo lo que era una práctica lógica: es muy difícil, en un juicio oral, como lo es un juicio de instancia única, en la jurisdicción social, representar sin defender, representar sin argumentar lo fáctico, o representar sin argumentar en Derecho. Y representar sin argumentar en lógica, sea esta humana o jurídica, es antológicamente imposible. No me imagino a una persona representando a otra sin poder argumentar.

Como era lógico, la práctica ha sido lo que se ha ido imponiendo y cuando llega esta Ley del 2003 y se modifica el artículo 545, lo que yo entiendo que ha hecho es incorporar un adjetivo a un sustantivo, pero no para quitarle nada a los graduados sociales, sino para reconocer un status técnico que ya tenía. En ese sentido históricamente creo que el cambio ha sido a mejor.

El art. 545 tiene tres puntos. En el dos y en el tres habla de lo de lo que ya hablaba, y con las mismas palabras, antes del 15 de enero del 2004. Pero se ha añadido un punto uno: es obligación de los poderes públicos garantizar la defensa y la asistencia de abogado en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes. En el precepto que nos interesa, en el 545.3, habla de que los graduados sociales tienen, si lo mezclamos con el 546, la capacidad de defensa, representación de asistencias técnicas, para los graduados sociales, en el mundo relativo a los procedimientos laborales y de seguridad social.

Podríamos incluso extraer que la ley lo que quiere es fortalecer, potenciar, en los procedimientos laborales y de seguridad social, el que los ciudadanos tengan garantizado su derecho de defensa, de representación y asistencia técnica por graduados sociales, antes que por abogados, pues se podría mantener ­y creo que no estoy diciendo ningún dislate­ la prevalencia del graduado social sobre el abogado, porque en principio más derecho de trabajo estudian los graduados sociales que los abogados. El graduado social que inicia un pleito, que lo conoce incluso desde antes que se iniciara, probablemente será el profesional que estará mas imbuido del asunto, y lógicamente será quien podría proponer los recursos o impugnarlos con un mayor conocimiento de causa y de caso.

EL ESTATUTO

El Estatuto profesional de los Graduados Sociales data de los años 70. Los decretos que regulan el estatuto jurídico profesional de abogados y de procuradores, son de hace dos, tres años nada más. No acabo de captar muy bien por qué el de los Graduados Sociales se mantiene desde hace más de treinta, y probablemente sería un momento oportuno para revitalizar esa posible reforma del Decreto de los años 70 que regula cuál es el régimen jurídico de la profesión. Probablemente, con los apoyos más sabios y mejores, se podría añadir lo que ya hacen precisamente esos dos decretos de la abogacía y la procura: introducir la palabra asistencia, por la palabra defensa, o las dos.

¿Quien tiene derecho a defenderse? La parte.

¿Con que? Con los medios que la ley le concede.

¿Cuáles? Desde luego los profesionales.

¿Cuáles? Los que digan la ley que lo son.

Actualmente la Ley, en el 545 ­y antes en el 440­ no habla de jurisdicciones, habla de procedimientos laborales y de seguridad social; otra cosa es que exista una interpretación restrictiva de lo que son procedimientos laborales o de seguridad social, como iguales a los llevados por la jurisdicción social.

Si no nos han rebajado en ningún momento nuestra presencia en juzgado social, digamos que tampoco el juzgado social, tiene un rango distinto a la jurisdicción contencioso administrativo.

Entonces, si están en el mismo rango, lo único que habría que hacer es ensanchar el campo y decir que el técnico podría ir también a la jurisdicción contencioso administrativo. La reflexión sería la siguiente: igual que los peritos agrícolas, ingeniero técnico superior, ingeniero técnico de grado medio, nosotros seríamos técnicos en juzgado social; y si el juzgado social está en el mismo rango que otros, podríamos ensanchar por ahí.

La postura del Colegio

Al término de la ponencia, tomó la palabra D. Alberto Ezpondaburu para hacer unas reflexiones, cuyos matices cobran nuevo significado a la luz de los problemas que pueden empezar a producirse por el controvertido concepto de la representación técnica. Este es un extracto de su intervención.

En (...) la Ley Orgánica del año 85 es la primera vez que los Graduados Sociales quedamos incorporados en una Ley Orgánica de la Justicia, pero en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados lo que figuraba era representación y asistencia, y así se aprobó en la Comisión.

Pero hubo entonces una reunión del Ministro de Justicia y se acordó eliminar la palabra asistencia, porque si se mantenía íbamos a tener "las mismas prerrogativas que tenía el colectivo de abogados". (...)

En la Ley Orgánica de 1985 hablamos de la representación como sustantivo, nunca como adjetivo. Esta representación universal en las actuaciones ante la jurisdicción social tenía el sentido jurídico que procedía por la actuación, y al hablar de la representación jurídica en la Ley Orgánica no se refiere exclusivamente a jurisdicción laboral, sino a todos aquellos temas que en las distintas jurisdicciones tengan relación con las cuestiones laborales y de Seguridad Social. Es decir, si en lo contencioso-administrativo o en lo penal había un tema laboral, la representación podía ser ostentada por Graduado Social Colegiado, porque es un concepto amplio.

(...) La pregunta es: si tenemos un sustantivo, "representación", que es amplio y adecuado, ¿por qué se lo limita con un adjetivo? Siempre será más amplio el concepto de "hombre" que el de "hombre bueno". (...) Al modificarse la LOPJ es cuando surge el problema, ya que el informe del CGPJ donde se recoge la representación y asistencia técnica preocupa al Consejo General de la Abogacía. Tanto el Colegio de Madrid como el de Cádiz se enfrentan a los criterios del Consejo, que pacta ­contra los derechos del colectivo­ la desaparición de la palabra "asistencia" y la adjetivación cómo "técnica" de lo que era la representación universal. Tanto el PP como el PSOE estaban de acuerdo en mantener el tema como representación sustantiva.

(...) La representación técnica viene a ser, ni más ni menos, una venta de nuestros derechos sin compensación alguna, que se carga de un plumazo la imagen lógica del poder judicial en cuanto a asistencia, en perjuicio de un colectivo que ha estado al servicio de la justicia laboral y que se merece, como mínimo, un respeto a sus actuaciones. Para mí, como Presidente del Colegio de Madrid, no es una zancadilla, sino algo con más trascendencia: la representación técnica no es la representación procesal.

Es evidente que en el mundo de la Seguridad Social y del Derecho laboral la superespecialización del colectivo de Graduados Sociales, que ya se indica en el Tratado de Bolonia, aconseja en beneficio de todos los españoles que en la jurisdicción laboral y en los temas laborales y de Seguridad Social la actuación del Graduado Social alcance todos los niveles jurídicos, en una línea lógica y en beneficio de la Justicia.

Por la importancia del tema, reproducimos a continuación el escrito enviado por D. José Blas Fernández Sánchez.