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El pago de la indemnización por despido mediante cheque y los salarios de tramitación

por Antonio V. Sempere Navarro,
Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos
y Consejero Académico de Gómez-Acebo&Pombo

 

1. INTRODUCCCIÓN

Una importante STS-SOC de 6 de marzo de 20081 ha examinado los efectos del pago de la indemnización por despido improcedente mediante cheque; tras ella, los criterios jurisprudenciales pueden resumirse así:

  • Desde la óptica del devengo de salarios de tramitación, el pago directo de la indemnización por despido improcedente posee los mismos efectos que el depósito judicial.
  • La transferencia bancaria no es hábil a los efectos de impedir el nacimiento de los salarios de tramitación.
  • El pago en metálico de tal indemnización aborta los salarios de tramitación.
  • El abono mediante cheque bancario también es eficaz a los efectos de impedir el nacimiento de los salarios de tramitación.

En las páginas que siguen se examina con detalle el alcance de esta resolución judicial, tan trascendente como polémica.

2. EL PROBLEMA SUSCITADO

La única cuestión debatida es la de cómo hay que proceder en orden al devengo de los salarios de tramitación cuando el empresario reconoce la improcedencia del despido y abona la indemnización pertinente mediante un cheque bancario. En particular, se trata de precisar si esa forma de pago produce los mismos efectos que el depósito judicial contemplado en el artículo 56.2 ET (paralización de aquéllos, o incluso aborto total cuando el depósito se realiza dentro de las 48 horas siguientes al despido).

A) Los antecedentes de hecho

Los antecedentes fácticos que interesan para entender el alcance práctico del problema y de su solución nos sitúan ante un prototípico supuesto de despido por mera conveniencia empresarial:

(4 noviembre 2002) Una empresa del sector de materiales para la construcción contrata al Trabajador, que presta sus servicios con salario de 1.196,97 € al mes con prorrata de pagas extras y categoría de Grupo 2.

(6 marzo 2006) La empresa acuerda el despido del trabajador, con efectos del 13 de marzo de 2006, alegando "no ser necesarios sus servicios", pero reconociendo en el mismo escrito que se trata de despido improcedente.

(13 marzo 2006) La empresa abona al trabajador la indemnización correspondiente al despido improcedente (5.792,49 €), así como la liquidación de partes proporcionales de pagas extras y cuantías devengadas por otros conceptos; la suma global de ambos conceptos se entrega en mano mediante cheque bancario de una Caja de Ahorros (por importe de 6.550,18 €).

(Marzo 2006) El trabajador presenta papeleta de conciliación, solicitando que se declare improcedente su despido y que se condene a la empresa al abono de los salarios de tramitación.

(7 julio 2006) El Juzgado de lo Social dicta sentencia estimando la demanda interpuesta: declara la improcedencia del despido con la consecuencia principal inherente (derecho de la empresa a optar entre indemnizar al trabajador con la suma de 5.742,49 € o readmitirlo) y la secundaria pero muy relevante de "pago de los salarios desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de la presente resolución, a razón de 39,89 € diarios" (unos 4.800 euros).

(7 noviembre 2006) La Sala de lo Social del TSJ de Aragón desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa, confirmando "en toda su integridad" la sentencia de instancia e imponiendo a la recurrente "las costas causadas en el presente recurso, con pérdida del depósito efectuado para recurrir" y manteniendo "los aseguramientos prestados, hasta que la parte condenada cumpla la sentencia o hasta que en cumplimiento de la misma se resuelva sobre la realización de los mismos".

B) Las normas en presencia

El Derecho aplicable en este caso viene constituido por la muy conocida regulación que el artículo 56 ET dedica a los salarios de tramitación. Por un lado, su apartado 1.b) establece la obligatoriedad de que la empresa abone una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

Por otra parte, el número 2 del mencionado artículo precisa los efectos temporales de los salarios de tramitación en los siguientes términos:

  • En el supuesto de que la opción entre readmisión o indemnización correspondiera al empresario, el contrato de trabajo se entenderá extinguido en la fecha del despido, cuando el empresario reconociera la improcedencia del mismo y ofreciese la indemnización prevista en el párrafo a) del apartado anterior, depositándola en el Juzgado de lo Social a disposición del trabajador y poniéndolo en conocimiento de éste
  • Cuando el trabajador acepte la indemnización o cuando no la acepte y el despido sea declarado improcedente, la cantidad a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior quedará limitada a los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la del depósito, salvo cuando el depósito se realice en las cuarenta y ocho horas siguientes al despido, en cuyo caso no se devengará cantidad alguna.
  • A estos efectos, el reconocimiento de la improcedencia podrá ser realizado por el empresario desde la fecha del despido hasta la de la conciliación.

Son numerosísimos los interrogantes que la redacción de ese precepto plantea, en parte por su accidentada génesis, pues el Real Decreto-Ley 5/2002 introdujo en él una drástica reforma que sólo meses después fue corregida por la Ley 45/2002, de 12 diciembre. Convendrá, pues, recordar una vez más los trazos esenciales de ambas normas en materia de despidos y salarios de tramitación.

C) Los criterios enfrentados

El Tribunal Supremo examina el recurso, toda vez que concurre el presupuesto de la contradicción entre las dos sentencias enfrentadas, tal y como exige el artículo 217 LPL: ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente idénticos, las sentencias comparadas han emitido pronunciamientos diferentes.

La STSJ Aragón 7 noviembre 2006 recurrida

La sentencia traída a casación acoge el criterio sostenido por la de instancia, e inspirado en la propia jurisprudencia unificada, conforme al cual si no se ha realizado el abono de la indemnización por despido mediante el acudimiento al depósito judicial tampoco puede la empresa beneficiarse de las consecuencias (paralización o eliminación de los salarios de tramitación) previstas para tal caso. Al no haber sido empleado el único medio legalmente determinado para producir la inexistencia de derecho del trabajador al percibo de tal concepto indemnizatorio, tal derecho continúa vigente en el patrimonio jurídico del trabajador, sin que la declaración obrante en el finiquito le afecte, por mor del art. 3.5 ET.

La STSJ Madrid 20 abril 2004, (PROV 2004, 237649)

La STSJ Madrid invocada como referencial se separa de la literalidad de la norma (alusiva sólo al depósito de la indemnización "en el Juzgado de lo Social") y opta por una "interpretación flexible del cumplimiento de los requisitos formales" con tal que se asegure el cumplimiento del fin perseguido. Sostiene que el requisito del depósito está pensado para el supuesto de que el trabajador rechace la oferta empresarial y se niegue a percibir la indemnización, acudiendo entonces la empresa a la clásica figura de la consignación, pero "carece de razón de ser cuando el trabajador sin aceptar la oferta (el reconocimiento de la improcedencia) percibe no obstante la indemnización legal". No hay causa alguna para exigir al empresario que siempre y en todo caso efectúe el depósito judicial, pues la finalidad de la norma resulta sobradamente cumplida cuando es el propio trabajador el que recibe el dinero en vez del Juzgado2.

D) Criterio del Tribunal Supremo

La sentencia de unificación considera existente la contradicción entre los supuestos comparados, rechaza el enfoque dado al tema en la sentencia recurrida y acoge, de manera franca y literal, la tesis y argumentaciones procedentes del TSJ de Madrid. En síntesis, lo que entiende la Sala Cuarta es que se cumple la finalidad perseguida por la norma cuando el importe de la indemnización ha sido entregado al trabajador en forma de cheque bancario, debiendo paralizarse los salarios de tramitación aunque no haya puesta a disposición de la misma a través del Juzgado.

Se trata de una importante doctrina, no sólo por su importancia intrínseca, sino también porque se desmarca de cuanto precedentemente ha venido sosteniendo la propia Sala Cuarta respecto de cuestiones análogas.

 
La transferencia bancaria de la indemnización a la cuenta corriente del trabajador no sólo carece de previsión normativa, ni siquiera indirecta o tácita, como método alternativo

3. SALARIOS DE TRAMITACIÓN EN LAS REFORMAS DE 2002

Puesto que el tema estudiado versa sobre la paralización de salarios de tramitación cuando el empleador reconoce la improcedencia del despido y entrega la indemnización en mano, parece útil repasar la génesis y contenido de las reglas ya reproducidas más arriba. En este aspecto las diferencias entre el RDL 5/2002 (al cabo declarado inconstitucional) y la Ley 45/2002 son tan notables que bien vale la pena realizar una exposición separada3.

A) El régimen del RDL 5/2002

Con aplicación a las extinciones de contratos de trabajos producidas a partir del 27 de mayo de 2002 (cfr. la Disp. Transitoria Primera del RDL) dispuso que sólo se devengan salarios de tramitación cuando el proceso finaliza con la readmisión del trabajador, produciéndose una notable simplificación del régimen jurídico básico4.

  • Se confiere nueva redacción al art. 56.1 ET. Si la empresa opta, tras la sentencia que califica su despido como improcedente, por el abono de la indemnización se omite del texto legal la precedente referencia al abono de los salarios de tramitación5; el tema conecta con el nuevo art. 57 ET. Aunque no estaba expresamente dispuesto, es claro que la misma consecuencia (no se devengan salarios de tramitación) se precipitaba cuando no se llega a la fase de sentencia, por reconocerse antes que el despido es improcedente.
  • El nuevo art. 57 ET (en concordancia con el art. 56.1) contemplaba los efectos de la readmisión, equiparando los supuestos de nulidad con los de improcedencia que así finaliza: se abonan los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de notificación de la sentencia.
  • La nueva redacción del art. 55.6 ET parificaba los efectos del despido nulo con los expuestos respecto del improcedente con readmisión.

B) La regulación de la Ley 45/2002

El carácter claudicante que el RDL 5/2002 tuvo queda muy patente en las cuestiones que refieren al despido improcedente, donde se produjo una recuperación del régimen anterior, aunque con un relevante cambio sobre la posible detención de los salarios de tramitación.

  • El despido improcedente recobra los efectos generales que tenía (indemnización y salarios de tramitación) antes del RDL 5/2002, independientemente de que mediara la readmisión; eso lleva a que la redacción del artículo 56.1 ET se recupere literalmente con una pequeña omisión sobre la obligación patronal de mantener de alta al trabajador durante el período de devengo de los salarios indebidamente dejados de percibir6. La traslación de estos importantes cambios al terreno procesal ha aconsejado una pequeña actualización del art. 110 LPL, donde se fija el alcance de la sentencia correspondiente7.

De manera hábil, podría decirse, la norma aprovecha la benevolencia con que se la contempló (en contraposición a su predecesora) desde ámbitos sindicales y otorga a las empresas la posibilidad de abaratar sus despidos improcedentes mediante la eliminación de los salarios de tramitación; lo que sucede es que no lo prescribe así ex lege sino que introduce, al efecto, un sistema más delicado y dependiente de la voluntad empresarial cuyos trazos fundamentales son los siguientes (nuevo art. 56.2 ET):

  1. El empresario tiene la facultad de acortar el devengo de los salarios a favor del trabajador despedido si reconoce su improcedencia, en el período que existe "desde la fecha del despido hasta la de la conciliación", expresión que seguramente quiso aludir al trámite preprocesal de carácter administrativo pero que es lo bastante ambigua como para permitir interpretaciones ampliatorias.
  2. La posibilidad de paralizar (o abortar) el nacimiento de esa deuda retributiva únicamente cabe "en el supuesto de que la opción entre readmisión correspondiera al empresario", siéndole inaccesible cuando (por la condición aforada del trabajador, o por ministerio de la Ley, del convenio colectivo u otro pacto) la facultad de optar no corresponde al empresario sino al trabajador.
  3. Para que la voluntad empresarial opere eficazmente sobre el devengo de salarios es imprescindible el reconocimiento de la improcedencia del despido, el depósito de la indemnización correspondiente (en el Juzgado de lo Social y a disposición del trabajador), y la comunicación de ambas circunstancias al trabajador. Cualquiera de estos tres elementos (reconocimiento, depósito, comunicación) puede producir dudas aplicativas, parte de las cuales ya eran conocidas en la práctica8, pues la regulación anterior al RDL 5/2002 contemplaba un supuesto similar en el marco de la conciliación administrativa.
  4. La paralización de los salarios corridos (por acoger un gráfico americanismo) opera tanto si el trabajador acepta la indemnización (primera hipótesis) cuanto si el asunto desemboca en una sentencia que califica el despido como improcedente.
  5. La extensión material de los salarios caídos (por recordar otra denominación análoga) abarca los correspondientes al tiempo que media desde que el despido opera hasta que se ha realizado el depósito.
  6. Excepcionalmente, la obligación empresarial de abonar salarios de trámite no surge si el depósito de realiza "en las cuarenta y ocho horas siguientes al despido", en cuyo supuesto la norma acaba concediendo lo que el RDL buscaba: un despido sin más coste adicional para la empresa que el abono de la indemnización correspondiente a la categoría de los improcedentes.

Conforme al art. 55.6 ET los despidos nulos tendrán como efecto "la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir", recuperando de manera literal el contenido que el precepto tenía antes del RDL9.

Es una pena que una norma tan extensa y compleja como la Ley 45/2002 no se haya atrevido a clarificar, de una vez, la naturaleza jurídica de los salarios de tramitación; porque, probablemente, la mejor solución al enconado debate (doctrinal y jurisprudencial) sobre el tema pasa por conferirles un singular régimen que reconozca su innegable impronta salarial pero que la module en ciertos supuestos (por ejemplo, el régimen de subcontratas) y eso es algo que difícilmente podrá hacer la jurisprudencia, salvo que incurra en censurables voluntarismos10. Lo mismo hay que decir de otras cuestiones, como respecto de la exigencia de que la sentencia que considere el despido improcedente pueda fijar la suma de salarios no percibidos desde el despido hasta su notificación [art. 56.1.b ET], pues se trata de acontecimiento futuro11. Por otro lado, al estar en la Ley laboral la principal regulación de estos salarios, tiende a abordarse contemplándola desde esa estricta óptica cuando lo cierto es que los efectos reflejos en el campo de la protección social son muy relevantes y no pueden perderse de vista12.

4. JURISPRUDENCIA SOBRE PARALIZACIÓN DE LOS SALARIOS DE TRAMITACIÓN

A) Criterios generales

Respecto de la detención de los salarios de tramitación, el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya en diversos temas que ahora sólo procede recordar, a fin de contextualizar el nuevo criterio que se adiciona a ellos.

  • La congelación de los salarios de trámite hasta la fecha de la conciliación extrajudicial reconociendo la improcedencia del despido comporta la obligación de consignar ante el Juzgado de lo Social el importe de la indemnización legal, más los salarios de trámite desde la fecha del despido13.
  • La oferta empresarial al trabajador del importe de la indemnización y de los salarios de trámite ha de ser clara, precisa y determinada o inmediatamente determinable con el fin de no dar lugar a equívocos ni provocar la necesidad de cálculos y presunciones susceptibles de error14.
  • El beneficio de limitación de los salarios de trámite hasta la fecha de la conciliación administrativa previa alcanza asimismo al empresario que no pudo comparecer al acto por falta de citación, pero cumplió las obligaciones que el precepto le impone en cuanto tuvo conocimiento de la existencia de la demanda15.
  • El reconocimiento de la improcedencia puede ser expreso o tácito. Son indicativos del reconocimiento tácito el pago de la indemnización ratificado por consignación posterior, el documento suscrito por el trabajador como recibo en el que consta el importe de la indemnización y el posterior reconocimiento por burofax16.
  • Aunque el trabajador no acepte la entrega de la empresa, si ésta reconoce el despido como improcedente y ha ofrecido la indemnización y los salarios de tramitación en conciliación, en ningún caso se exige una puesta a disposición o entrega de los mismos, bastando con que se deposite en el plazo de las 48 horas siguientes17.
  • La existencia de error excusable en la cantidad depositada (por indemnización y salarios de trámite) exige ponderar cuantas circunstancias hayan concurrido, como la incidencia de una nueva tabla retributiva18. Pero acreditada la buena fe del empresario, la consignación por la empresa de una cantidad inferior a la que se fijó posteriormente en sentencia no impide que entren en juego las consecuencias que el art. 56.2 del ET hace derivar del ofrecimiento y la consignación19.

 
La única cuestión debatida en la sentencia de casación unificadora que se comenta es la de cómo hay que proceder en orden al devengo de los salarios de tramitación cuando el empresario reconoce la improcedencia del despido y abona la indemnización pertinente mediante un cheque bancario

El error excusable en el cálculo de la indemnización no impide que opere la limitación prevista en el art. 56.2 ET. Es excusable el error en que no se evidencia por el empresario mala fe, comportamiento desleal o finalidad defraudatoria20. Si la causa de error de consignación insuficiente es la dificultad "jurídica" del cálculo de las indemnizaciones en supuestos en que los conceptos o elementos a computar en las mismas puedan dar lugar a una "discrepancia razonable", éste es excusable, y en tal caso, el error no invalidará el efecto interruptivo de los salarios de tramitación, pero deberá ser corregido mediante el abono de la diferencia que finalmente resulte21.

B) Abono de la indemnización mediante trasferencia bancaria

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de precisar, como se ha visto, que el reconocimiento de la improcedencia puede ser expreso o tácito; el segundo se infiere del abono mismo de la indemnización y de su aceptación por el trabajador. Más relación con el tema estudiado presenta el problema que surge cuando se cuestiona si el ingreso por transferencia en la cuenta corriente del trabajador de la indemnización correspondiente al despido improcedente produce los mismos efectos que su depósito judicial.

La Sala Cuarta acoge una interpretación literal o estricta del artículo 56.2 ET, que contempla, como único método de poner la indemnización a disposición del trabajador, su depósito judicial. La transferencia bancaria de la indemnización a la cuenta del trabajador, no sólo carece de previsión normativa, ni siquiera indirecta o tácita, como método alternativo al depósito judicial, sino que debe entenderse que el legislador ha querido garantizar de esta única forma el cumplimiento de la requerida actuación de la empresa, con certeza de su fecha y con la concesión al trabajador de las opciones de contestar a través del Juzgado o por otro medio su aceptación o rechazo, o no contestar, y recoger la indemnización o mantenerla en depósito a su disposición, sin necesidad de actuar en distintos términos y mediante alguna gestión bancaria. Así las cosas, son al menos dos las sentencias de unificación en las que se concluido que la transferencia bancaria de la indemnización a la cuenta corriente del trabajador no produce el efecto paralizante de los salarios de trámite previsto en el art. 56.2 del ET22. Parece adecuado reproducir algún pasaje literal de las mismas:

  • El artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores comienza supeditando la extinción del contrato de trabajo en la fecha misma del despido a, entre otros requisitos, que el empresario ofrezca la indemnización "depositándola en el Juzgado de lo Social a disposición del trabajador y poniéndolo en conocimiento de éste". Literalmente establece la norma como único método de poner la indemnización a disposición del trabajador su depósito judicial. Así lo reitera el párrafo siguiente del precepto al limitar los salarios de tramitación "desde la fecha del despido hasta la del depósito, salvo cuando el depósito se realice en las cuarenta y ocho horas siguientes al despido, en cuyo caso no se devengará cantidad alguna", siempre que el trabajador hubiera aceptado la indemnización o el despido se declare improcedente si no la hubiera aceptado".
  • La transferencia bancaria de la indemnización a la cuenta corriente del trabajador no sólo carece de previsión normativa, ni siquiera indirecta o tácita, como método alternativo de poner aquélla a disposición del trabajador, en lugar de proceder a su depósito judicial, sino que debe entenderse que el legislador ha querido garantizar de esta única forma el cumplimiento de la requerida actuación de la empresa, con certeza de su fecha y con la concesión al trabajador de las opciones de contestar a través del Juzgado o por otro medio su aceptación o rechazo, o no contestar, y recoger la indemnización o mantenerla en depósito a su disposición, sin necesidad de actuar en distintos términos y mediante alguna gestión bancaria.

Como se observa, la jurisprudencia unificada ha optado por una interpretación literal o estricta del art. 56.2 ET, que contempla, como único método de poner la indemnización a disposición del trabajador, su depósito judicial23.

C) Abono de la indemnización mediante cheque

Supuesto emparentado con el anterior surgió cuando la empresa abona la indemnización no mediante transferencia, sino a través de un cheque bancario que el trabajador recibe de la empresa, aunque luego opta por no cobrarlo ("con lo que la recepción del cheque aludido no supuso para ella la percepción de ninguna cantidad de dinero"). ¿Produce efectos esa entrega del cheque o hay que predicar lo mismo que en el caso de la transferencia bancaria?

La STS 28 febrero 2008 (rec. 323/2007) no ha entrado a resolver esa cuestión, porque ha descartado la existencia de contradicción entre ese supuesto y el surgido cuando el empleado despedido no sólo aceptó el correspondiente talón, sino que además lo cobró personalmente varios días después de haberle sido entregado. Es muy interesante, sin embargo, resaltar que el Tribunal Supremo confiere importancia al hecho de que el trabajador cobre (o no) el cheque recibido: "mientras en la sentencia referencial el trabajador percibió realmente la indemnización que la empresa puso a su disposición, en el caso aquí enjuiciado la trabajadora no recibió cantidad alguna por razón del talón bancario que le entregó la empresa".
¿Qué efectos posee, entonces la entrega del cheque en cuantía equivalente a la de la indemnización por despido improcedente cuando el trabajador no lo presenta al cobro?

 

¿Qué efectos posee, entonces la entrega del cheque en cuantía equivalente a la de la indemnización por despido improcedente cuando el trabajador no lo presenta al cobro? La respuesta (que "presenta una buena dosis de complejidad máxime cuando posteriormente la empresa, al tener noticia que aquélla no tenía intención de cobrarlo, procedió a constituir ante el Juzgado de lo Social pertinente el depósito de la indemnización como literalmente prescribe dicho artículo") queda para mejor ocasión, porque la advertida falta de contradicción impide que se haya fijado en ese caso.

C) Abono de la indemnización EN METÁLICO

De modo lacónico, la STS 22 enero 2008 (RJ 2008, 1620) resuelve el supuesto en que la empresa ha abonado al trabajador la indemnización "directamente y en metálico", firmando éste el correspondiente finiquito.

Se descarta que en este caso pueda aplicarse la doctrina sentada al hilo de la transferencia bancaria, porque hay un pago directo al trabajador despedido, quien ingresó directamente en su patrimonio lo percibido, sin protesta alguna. "Estamos ante un supuesto alternativo al contemplado en el art. 56.2 del ET", donde se contempla el reconocimiento de la improcedencia del despido, ofreciendo la indemnización prevista en el párrafo a) del apartado anterior, depositándola en el Juzgado de lo Social a disposición del trabajador y poniéndolo en conocimiento de éste; este desplazamiento patrimonial "hace innecesario el deposito judicial y su finalidad, al ingresar directamente la indemnización en su patrimonio, circunstancias que no se dan cuando el pago se hace por transferencia bancaria".

Como colofón a esta relevante toma de posición se afirma que "lo contrario sería una interpretación formalista y literal del art. 56-2 E.T, sin atender a la finalidad de la norma, contraria a lo que dispone el art. 3-1 del Código Civil".

5. DOCTRINA DE LA STS 6 MARZO 2008

A) Exposición

Lo primero que hace la sentencia noticiada es advertir que la solución otorgada al supuesto de transferencia bancaria "no es aplicable a supuestos de hecho como el contemplado en la recurrida". Su eje argumental va a resaltar las diferencias entre el caso de la transferencia bancaria y el de pago de la indemnización realizado directamente, mediante cheque bancario entregado en mano al trabajador, una vez que el empresario reconoció la improcedencia del despido, firmando el trabajador el finiquito, existiendo, por tanto, un pago directo, pasando lo percibido al patrimonio del trabajador. La transferencia bancaria no garantiza el cumplimiento de la actuación de la empresa con la certeza de su fecha y con la concesión al trabajador de las opciones de aceptar o rechazar la oferta y mantener o no la indemnización. En el caso del cheque bancario las cosas son bien distintas.

En esa misma línea de resaltar la especificidad del supuesto, la sentencia se desmarca de la desestimación de la pretensión empresarial presente en la (ya reseñada) STS de 28 febrero 2008; el supuesto "guarda gran similitud con el ahora enjuiciado", pero el fracaso de la pretensión empresarial deriva de que no concurría el requisito de recurribilidad establecido por el artículo 217 LPL, ya que la sentencia aportada como contradictoria no lo era en realidad.

A partir de esas dos premisas delimitadoras, ya surge la valoración jurídica de lo acaecido. La entrega del cheque nos sitúa ante un supuesto alternativo al contemplado en el artículo 56.2 del ET ya que en lugar de depositar en el Juzgado de lo Social, a disposición del trabajador, la indemnización correspondiente al despido improcedente, tras reconocer la improcedencia del mismo, se entrega directamente al trabajador dicha indemnización, mediante cheque bancario, lo que hace innecesario el depósito judicial ya que se cumple la finalidad de la norma.

B) Reflexión valorativa

PRIMERO.- Se esfuerza la sentencia examinada en explicar que no contradice la propia posición respecto de los efectos de la transferencia bancaria, por tratarse de supuestos diversos. Sin perjuicio de cuanto más adelante se dirá, lo cierto es que sí parecen coexistir criterios doctrinales incompatibles en las diversas sentencias de unificación que se han venido aportando a la exposición. En unos casos se afirma que, para el artículo 56 ET, el depósito judicial constituye "el único método de poner la indemnización a disposición del trabajador"; o que "el legislador ha querido garantizar de esta única forma el cumplimiento de la requerida actuación de la empresa". Sin embargo, en las de 22 enero y 6 marzo 2008 se entiende que la entrega material del dinero o del cheque con el importe adecuado nos sitúa "ante un supuesto alternativo".

 

La sentencia traída a casación acoge el criterio sostenido por la de instancia, e inspirado en la propia jurisprudencia unificada, conforme al cual si no se ha realizado el abono de la indemnización por despido mediante el acudimiento al depósito judicial tampoco puede la empresa beneficiarse de las consecuencias (paralización o eliminación de los salarios de tramitación) previstas para tal caso

No nos engañemos: o estamos ante un único modo de cumplir las formalidades legales (interpretación estricta y literal) o estamos ante una obligación que puede considerarse cumplida de varias formas (interpretación flexible o teleológica). Mejor hubiera sido admitir una rectificación expresa que dejarnos sumidos en la duda24.

SEGUNDO.- La razonable interpretación que ahora se acoge tampoco deja claro si acepta el enfoque que anida en STS de 28 febrero 2008. Mientras que ahora se atiende a que la empresa hizo entrega de un "cheque bancario de Caja de Ahorros", en esta otra se daba suma importancia a la posterior conducta del trabajador, cobrando o no el mismo. ¿Lo relevante es sólo que la empresa entrega un cheque o que lo hace y el trabajador luego lo percibe?

De este modo, queda la duda de si el empleador, a la vista del criterio jurisprudencial ahora patrocinado, puede entender que los salarios de tramitación ya están detenidos o ha de aguardar al posterior comportamiento del trabajador despedido. ¿Y qué sucedería si resulta que el cheque no se cobra efectivamente? ¿Cuándo habría que exigir a la empresa que acudiera al Juzgado para depositar lo que su trabajador no cobra? ¿Tendría eficacia este segundo pago? ¿Legitimaría el mismo a la empresa para anular el cheque entregado en su día25?

TERCERO.- ¿Qué ha sido del criterio (exigente, rígido) conforme al kcual lo que el legislador quería es que el trabajador pudiera "recoger la indemnización o mantenerla en depósito a su disposición, sin necesidad de actuar en distintos términos y mediante alguna gestión bancaria"? La verdad: más gestión bancaria precisa el cobro de un cheque que la disposición sobre la cuantía ingresada en la propia cuenta.

CUARTO.- La sentencia reseñada aborda el supuesto de pago de la indemnización mediante cheque bancario, sin mencionar expresamente el supuesto (ya aclarado por la precedente STS 22 enero 2008) de pago en metálico o mediante otros medios análogos; pero es claro que ha querido sentar una doctrina aplicable a otros supuestos; así lo hace pensar sus referencias a que aquél se llevó a cabo "directamente", a que hay un "pago directo", a que todo concluye "pasando lo percibido al patrimonio del trabajador".

De este modo, si se legitima la paralización de los salarios de tramitación mediante el pago de la indemnización mediante cheque, lo mismo ha de predicarse cuando la deuda se liquide en metálico o mediante otros instrumentos de los que pueda predicarse jurídicamente la misma eficacia. La duda es si en estos casos el trabajador disfruta de la misma serenidad (jurídicamente hablando) que la propiciada por la noticia de que su dinero está disponible en el Juzgado; sin desconocer que por estas vías puede disponerse del montante indemnizatorio con mayor rapidez y comodidad que cuando media intervención judicial.

QUINTO.- Conviene recordar que, conforme al artículo 1170 CC, la entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado26 y que "entretanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso"27.

De este modo, como anticipara la STS de 28 febrero 2008, surgen serias dudas acerca de si la entrega de un cheque puede equivaler realmente al depósito judicial. Lo más sensato parece ser una respuesta matizada: afirmativa si el mismo resulta eficazmente cobrado; negativa si se trata de cheque imposible de ser atendido por la entidad bancaria (falta de fondos, de legitimación del firmante, falsedad, etc.); dudosa si el trabajador opta por no cobrarlo. Ahora bien, ¿resulta indiferente, a los efectos de los salarios de tramitación, el día en que se realice efectivamente el cheque en cuestión? ¿Cómo conciliar los efectos laboralmente anudados al momento exacto en que la empresa deposita la indemnización y los derivados de la regulación genérica de estos instrumentos mercantiles? ¿La interpretación jurisprudencial validando la entrega de un cheque implica que no cabe acudir a la regla del artículo 1170 CC?

Es el momento, una vez más, de lamentar que unas previsiones tan relevantes hayan quedado ayunas de una adecuada contemplación adjetiva, sea en el propio ET, sea en la propia LPL.

SEXTO.- Obviando todo lo anterior y yendo al fondo del asunto, la sentencia reseñada sí acierta en una cosa: carece de sentido que la empresa venga obligada a depositar una cantidad que ya ha entregado al trabajador. Si la finalidad de la exigencia es garantizar el pago y ya se ha producido…. no queda más remedio que así pronunciarse: otra cosa es que se detecten finalidades diversas (como las precedentes sentencias del Supremo decían) y que las mismas estén ausentes del modo de pago directo.

La negativa del trabajador despedido a aceptar el pago (en metálico, mediante cheque) es la que, salvo mejor criterio, convierte el depósito apud iudicem en único camino para paralizar los salarios de tramitación (excluyendo la transferencia, o amparándose la empresa en esa negativa para no llevar a cabo pago alguno).


Notas

1 La sentencia, dictada en un recurso de casación para unificación de doctrina, puede consultarse en el marginal RJ 2008, 1392 (Aranzadi), habiendo sido Ponente de la misma Dª. María Luisa Segoviano Astaburuaga.

2 En suma, cuando el importe de la indemnización ha ingresado directamente en el patrimonio del trabajador resulta innecesario y superfluo el trámite de la consignación judicial. La empresa que ya ha hecho entrega al trabajador de esa cantidad ha de beneficiarse de la reducción o eliminación de salarios de tramitación, careciendo de sentido que venga obligada a acudir ante el Juzgado a fin de que luego sea el trabajador quien perciba del mismo la indemnización.

3 El RDL 5/2002, en realidad era una fórmula (pretendidamente hábil) de rebajar los costes del despido improcedente sin disminuir su indemnización; en último término, las más relevantes de sus construcciones se ponían al servicio de ese objetivo de eliminación de los salarios de tramitación en la mayoría de los casos. Por el contrario, la Ley 45/2002 restablece este deber empresarial (sin perjuicio de su eventual traslación al Estado a partir de cierto límite) y al tiempo amplía las posibilidades de neutralizar el devengo de tales salarios si la empresa reconoce la improcedencia del despido y deposita la correspondiente indemnización.

4 Al margen de interesantísimos aspectos de Política Laboral (¿control o persecución del parado?, ¿incentivación al trabajo o penalización al subsidiado?, etc.), estas variaciones situaban ante la reforma (indirecta) del despido más importante desde la aprobación del ET en 1980.

5 La medida se inscribe entre las destinadas a "mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo"; quizá, porque al saber la empresa que (salvo que haya incurrido en la figura del despido nulo) el coste de la extinción injusta está ya devengado con el cese podrá adelantar (en su caso) la contratación de un nuevo trabajador. ¿O porque el despedido ya sabe que (en la mayoría de los casos) no percibirá esos salarios de tramitación (sino sólo, en su caso, la prestación por desempleo) y avivará su búsqueda de nueva actividad productiva? ¿O por ambos motivos?

6 La eliminación del último párrafo del art. 56.1.b) ET ("el empresario deberá mantener en alta al trabajador en la Seguridad Social durante el período correspondiente a los salarios a que se refiere el párrafo anterior") en modo alguno significa que haya desaparecido la norma allí contenida, sino que se ha trasladado al art. 209.6 LGSS ("en los supuestos a que se refiere el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores el empresario deberá instar el alta y la baja del trabajador y cotizar a la Seguridad Social durante el período correspondiente a los salarios de tramitación que se considerará como de ocupación cotizada a todos los efectos").

7 El art. Sexto.Uno de la Ley 45/2002 recoge la obligación patronal de indemnizar y de abonar "la cantidad a que se refiere el párrafo b)" del art. 56.1ET, con el límite temporal allí previsto "y sin perjuicio de lo establecido en su artículo 57" (sustituyendo en este punto la desfasada referencia al art. 56.5 ET).

8 La jurisprudencia tuvo ocasión de resolver alguno de los múltiples interrogantes que la regulación anterior al RDL 5/2002 provocaba:

La existencia de error excusable en la cantidad depositada (por indemnización y salarios de trámite) exige ponderar cuantas circunstancias hayan concurrido, como la incidencia de una nueva tabla retributiva; en este sentido SSTS 15 noviembre 1996 (RJ 1996,8624); 11 noviembre 1998 (RJ 1998, 9627).

Pero acreditada la buena fe del empresario, la consignación por la empresa de una cantidad inferior a la que se fijó posteriormente en sentencia no impide que entren en juego las consecuencias que el art. 56.2 del ET hace derivar del ofrecimiento y la consignación; en este sentido STS 24 abril 2000 (RJ 2000, 4795).

La congelación de los salarios de trámite hasta la fecha de la conciliación extrajudicial reconociendo la improcedencia del despido comporta la obligación de consignar ante el Juzgado de lo Social el importe de la indemnización legal, más los salarios de trámite desde la fecha del despido; en este sentido SSTS 4 marzo 1997 (RJ 1997, 3039); 27 abril 1998 (RJ 1998, 3869); 29 diciembre 1998 (RJ 1998, 452); 23 abril 1999 (RJ 1999, 4434).

La oferta empresarial al trabajador del importe de la indemnización y de los salarios de trámite ha de ser clara, precisa y determinada o inmediatamente determinable; STS 30 diciembre 1997 (RJ 1997, 447).

El beneficio de limitación de los salarios de trámite hasta la fecha de la conciliación administrativa previa (art. 56.2 ET) alcanza asimismo al empresario que no pudo comparecer al acto por falta de citación, pero cumplió las obligaciones que el precepto le impone en cuanto tuvo conocimiento de la existencia de la demanda; STS 23 enero 2002 (RJ 2002, 2694).

9 De aquí deriva la obligación patronal de readmitir, abonando los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta la readmisión; durante ese tiempo (que debe de considerarse de ocupación cotizada "a todos los efectos") la empresa debe de cotizar [art. 209.5.b) LGSS].

10 La reflexión extensa sobre el tema la manifesté en "Naturaleza de los salarios de tramitación y responsabilidad del empresario principal", Aranzadi Social nº 21, año 1999, págs. 9 a 17.

11 En fin, la confusión (conceptual y terminológica) entre salarios de tramitación (lo que exige la existencia de un proceso) con salarios "dejados de percibir desde la fecha del despido" (categoría más amplia) persiste hasta el extremo de que en ocasiones la propia Ley las identifica (así, art. 56.1 ET in initio).

12 La decisión de la empresa (deteniendo o abortando) el nacimiento de la deuda salarial no sólo afecta a sus obligaciones retributivas, sino también a la responsabilidad que pueda tener el Estado y, desde luego, a la protección social del trabajador.

13 SSTS 4 marzo 1997 (RJ 1997, 3039); 27 abril 1998 (RJ 1998, 3869); 29 diciembre 1998 (RJ 1998, 452); 23 abril 1999 (RJ 1999, rec. 2135/1998).

14 STS 30 diciembre 1997 (RJ 1997, 447).

15 STS 23 enero 2002 (RJ 2002, rec. 1205/2001).

16 STS de 30 mayo 2005 (RJ 2005, 6022).

17 STS de 17 septiembre 2004 [RJ 2004, 7486].

18 SSTS 15 noviembre 1996 (RJ 1996, rec. 1140/1996); 11 noviembre 1998 (RJ 1998, rec. 4898/97).

19 STS 24 abril 2000 (RJ 2000, rec. 308/99).

20 SSTS de 24 abril 2000 [RJ 2000, 4795], 19 junio 2003 [RJ 2004, 5408]

21 SSTS 24 abril 2000 [RJ 2000, 4795], de 19 junio 2003 [RJ 2004, 5408], de 26 diciembre 2005 [RJ 2006, 596].

22 SSTS de 25 mayo 2005 (RJ 2005, 6510) y 21 marzo 2006 (RJ 2006, 2095).

23 Jurisprudencia Civil resumida por SAP Murcia 15 enero 2001 (AC 2001, 726), viene sosteniendo que el deudor librador sólo posee facultad para recobrar los efectos cambiarios cuando previamente liquide su importe.

 
 

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