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D. Francisco Javier Vieira
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
“Vuestra gran especialización en Derecho Laboral contribuye decisivamente a la mejora de la jurisdicción social”
Después de una carrera judicial de más de treinta años, D. Francisco Javier Vieira llegaba, en febrero de 2009, a la Presidencia del TSJ de Madrid con un reto claramente definido: modernizar la Administración de Justicia y hacerla realmente eficiente. Con él hablamos de este desafío y, como no, del papel que nosotros los Graduados Sociales podemos jugar en él.
Desde hace unos años, y especialmente desde la Presidencia de María Antonia Cruz, se han mantenido reuniones y consensuado actividades, sobre todo las relaciones institucionales, entre nuestro Colegio y ese Tribunal Superior de Justicia. ¿Cómo valora esta cooperación entre ambas Entidades? (Actos de medallas y jura de nuevos colegiados, apertura del año judicial…)
–Desde mi toma de posesión, en febrero del pasado año 2009, en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia he podido comprobar la buena sintonía del Colegio de Graduados Sociales con el Tribunal Superior de Justicia, no sólo con la Sala de lo Social, sino con todo el Tribunal Superior de Justicia. Manifestación de estas buenas relaciones institucionales han sido los varios actos públicos celebrados por el Colegio de Graduados Sociales en la sede de este Tribunal, que gustosamente ha cedido siempre para ello su Salón de Actos.
Cuando usted aceptó la responsabilidad de la Presidencia del Tribunal, ¿ya conocía la actividad de nuestro Colectivo, sus objetivos, fines y colaboración?
–Sí, aunque no con la amplitud que ahora tengo, En mi etapa como Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid ya conocí en alguna medida la actividad de los Graduados Sociales y constaté la importancia de la función que desarrollan en los Tribunales de Justicia.
Actualmente, nuestro Colectivo está de enhorabuena con la entrada en vigor de la Ley 13/2009, de Nueva Oficina Judicial, que establece en su articulado que los Graduados Sociales pueden formalizar y actuar como cualquier operador del Derecho en ese TSJ respecto a los Recursos de Suplicación. ¿Cómo valora este reconocimiento legal a las capacidades de nuestro Colectivo?
–La disposición introducida en la Ley 13/2009, en el sentido de admitir la posibilidad de que en el recurso de suplicación los litigantes estén representados técnicamente por graduado social colegiado, eliminando así el requisito de intervención preceptiva de letrado, constituye un explícito reconocimiento legislativo a la importante función que realizan en el ámbito social los Graduados Sociales y a su capacidad técnica, contrastada. Desde el punto de vista de la Administración de Justicia, la ampliación de las facultades de intervención en los procedimientos de los Graduados Sociales debe considerarse beneficiosa, pues con la gran especialización de estos profesionales en materias de derecho laboral pueden contribuir decisivamente a la mejora de la jurisdicción social, en unos momentos especialmente delicados como los que vivimos, donde es necesario aunar los esfuerzos de todos.

¿Y cómo ve el futuro de nuestra profesión en la Jurisdicción de lo Social?
–El espaldarazo a los Graduados Sociales que supone la ampliación de su intervención en los recursos de suplicación permite augurar un futuro francamente atractivo y próspero a los integrantes de esta profesión.
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Auguramos un futuro francamente atractivo y próspero a los integrantes de esta profesión |
¿Cree que se ampliarán las materias en las que actuemos los Graduados Sociales, no sólo en la jurisdicción Social, sino también en la administrativa, cuando el tema derive de una reclamación de cuotas de la Seguridad Social, etc.?
–Carezco de datos para pronunciarme sobre la posible ampliación de la intervención de los Graduados Sociales en otras jurisdicciones ajenas a la Social. Pero quizá decisiones de ese tipo deben ser objeto de una reflexión pausada, analizando todas las repercusiones que puedan tener y las ventajas que puedan constituir para la Administración de Justicia y para el ciudadano.
Llevamos ya casi un año viviendo momentos complicados en la jurisdicción de lo social, se han incrementado los procedimientos en los Juzgados de lo Social, y se ha implantado un turno de tarde… ¿Tiene datos claros y concluyentes de este incremento, y si las medidas tomadas han resultado satisfactorias?
–Aunque todavía es pronto para hacer un balance sobre las medidas de refuerzo implantadas en los Juzgados de lo Social, estimo que era imprescindible afrontar el notable incremento de los asuntos derivados de la situación económica delicada que soportamos, y que con toda seguridad las medidas puestas en marcha han tenido efecto beneficioso. Las deficiencias que se han apreciado deben servirnos de experiencia para mejorar las medidas de refuerzo y para corregir los errores apreciados, pero no deben servir para desacreditar unas medidas que, globalmente, han servido para afrontar el incremento de procedimientos en estos Juzgados.
¿Cuantos Juzgados de lo Social considera que deberían existir en Madrid? Actualmente tenemos 40 en Madrid y 2 en Móstoles, ¿cree que sería posible en esta legislatura llegar a los 50 Juzgados, que es la ratio media por habitante de España?
–En la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que está en fase de elaboración se propone la creación, durante el año 2010, de 4 Juzgados de lo Social en Madrid. Si continúa el incremento de la litigiosidad en esta Jurisdicción y no se adoptan medidas para la solución extrajudicial de conflictos, probablemente será necesario en los próximos años incrementar aún más el número de Juzgados. Pero difícilmente en la situación económica que vivimos podrá llegarse, en un plazo corto o medio, a la ratio de juzgados aconsejable.
¿Qué aspectos más urgentes se deberían abordar en la tan esperada y comentada reforma laboral, para evitar la judicialización de ciertos temas, que puedan ser solucionados de forma rápida y eficaz?.
–Aparte de la potenciación de la mediación extrajudicial –en la que ya se están realizando estudios muy interesantes–, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia hemos propuesto la adopción de varias medidas para reducir la litigiosidad, tales como la exigencia de la postulación preceptiva, la reforma de la generalización del beneficio de asistencia jurídica gratuita, el establecimiento de un régimen de costas en la única instancia o primer grado jurisdiccional condicionado al criterio de la fundabilidad y razonabilidad de la pretensión, el establecimiento de una norma en la Ley de Procedimiento Laboral que establezca la vinculación de la Administración a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la creación del juicio monitorio laboral, o la limitación del acceso al recurso de suplicación, entre las más relevantes. En definitiva, sólo mediante la racionalización en el acceso a los Tribunales de Justicia, tanto en la jurisdicción social como en las demás, podrá garantizarse la prestación de la tutela judicial efectiva a que tienen derecho todos los ciudadanos.
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La ampliación de las facultades de intervención en los procedimientos de los Graduados Sociales debe considerarse beneficiosa, pues con la gran especialización de estos profesionales en materias de derecho laboral pueden contribuir decisivamente a la mejora de la jurisdicción social |
¿Cuáles son las prioridades de ese Tribunal, respecto a la Justicia en general, y respecto al ámbito social en particular?
–Dos son las prioridades fundamentales: la modernización en la gestión de los Juzgados y Tribunales, ya en marcha con el despliegue de la nueva oficina judicial y que debe completarse con la modificación de los modos de gestión de los procedimientos; y, como dije antes, la racionalización en el acceso a la Administración de Justicia, que debe centrarse en los asuntos de relevancia que requieran una intervención judicial, pero evitando abusos y abriendo sólo las vías de recuso a los casos en los que la entidad de lo discutido se corresponda con el coste para la Administración de Justicia. Sólo así se evitará que la proliferación de asuntos con una relevancia muy limitada dificulte o retrase la decisión de otros asuntos más importantes.
Presidente, hemos llegado al final de tan agradable entrevista y no me resisto a preguntarle. Hemos visto en la sala de espera de su Despacho nuestra revista El Graduado, y me consta que la conoce. ¿Cómo valora los contenidos de la misma y su finalidad de informar a todo el Colectivo del ámbito laboral y especialmente a los Colegiados?
–El Graduado es una publicación muy interesante, y no sólo para los graduados sociales, que pueden así obtener una información periódica de todo lo que afecta a este ámbito profesional, sino para todos los juristas o interesados en el mundo laboral, a los que nos permite “estar al día”, de una forma fácil y amena, de los aspectos laborales.

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